Olmedo López pide garantías a Fiscalía por caso UNGRD: “Mi colaboración fue determinante”

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) y principal delator en el escándalo de corrupción que sacude al Gobierno Petro, envió una contundente carta a la Fiscalía General de la Nación en la que expresa su preocupación por la falta de reconocimiento y protección hacia su colaboración en la investigación.En la misiva, López denuncia que, pese a ser quien reveló los detalles más comprometedores, hoy es "el último en recibir justicia", mientras que quienes intentaron silenciar la verdad, según él, son "premiados con beneficios". Esta queja se produce tras la decisión de un juez que negó la aprobación de un preacuerdo penal en el que López aceptaba una pena de seis años y dos meses de prisión a cambio de su colaboración eficaz.El exdirector se refiere específicamente al exsubdirector de conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, y al abogado Édgar Riveros, señalados por intentar sobornar con 13.000 millones de pesos al testigo Sneyder Pinilla para callarlo y evitar que continuara denunciando irregularidades. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló en septiembre de 2024 este intento por manipular la verdad, que buscaba silenciar a López y Pinilla, quienes denunciaron contratos irregulares vinculados a Barreto, Pedro Rodríguez y César Manrique.López enfatiza en su carta que la señal que está enviando el sistema judicial es “devastadora”: “Que quien entrega información esencial para la investigación de los máximos responsables puede ser desoído, desprotegido e incluso castigado con mayor rigor que quienes actuaron desde el poder o desde las sombras (...) ¿Cómo puede ser que se premia más al que intentó destruir la verdad que al que se atrevió a contarla?”.El exfuncionario advierte que sin su testimonio, los procesos contra altos funcionarios, ministros, congresistas, directores de entidades y contratistas quedarían en la impunidad. “Silenciar al testigo clave mediante la improbación de su preacuerdo es condenar al olvido institucional la verdad que más incomoda. Es proteger, por omisión, a quienes más deben responder”, afirma.Además, recordó que fue “el primero en mostrar el rostro, en narrar con nombres, fechas, correos, documentos, rutas del dinero y jerarquías del poder”, y asegura que su colaboración fue “determinante para abrir una grieta en las redes de corrupción más complejas de los últimos años”.Finalmente, rechaza la idea de que la pena de seis años y dos meses que aceptaba sea excesivamente benévola, como lo señaló el juez, y recuerda que gracias a su testimonio están en prisión expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, así como la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y que están próximos a procesos similares exfuncionarios como Carlos Ramón González y César Manrique.