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La JEP rechazó el sometimiento del exgobernador del Casanare William Hernán Pérez Espinel, al considerar que su aporte a la verdad no es suficiente. Pérez ha aceptado que su campaña a la gobernación fue financiada por las Autodefensas Campesinas de Casanare, con el compromiso de que él los dejara ampliar su influencia en la zona una vez ganara, además ha sido vinculado a 16 procesos judiciales y condenado por la Corte Suprema de Justicia.
Aunque en su compromiso temprano de aporte a la verdad ha asegurado que puede aportar información sobre personas que tuvieron nexos con las entonces autodefensas del Casanare, la JEP consideró que su aporte ha sido difuso e incompleto. Asimismo, las investigaciones han llevado a establecer que el exgobernador entregó recursos públicos a los paramilitares al mando de Martin Llanos.
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"Recibió el aval de alias 'Martín Llanos' para asegurar su triunfo en la gobernación del departamento de Casanare para el periodo 2001- 2003, y para ello, se comprometió la istración permitiendo la manipulación de al menos parte de los recursos públicos, especialmente a través de la ausencia de selección objetiva de contratistas puso a disposición del grupo ilegal las arcas del departamento, así como tener un aliado en cargos de poder público, lo cual consolidaba el poder territorial del grupo ilegal en departamento de Casanare", se lee en la decisión de la JEP.
Al presentar su aporte temprano de verdad se consideró que el exgobernador no presentó información novedosa, pues se dedicó a replicar los datos que ya se conocían en la justicia ordinaria, incluso algunos hallazgos con los cuales la Corte dictó su condena.
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Según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, su compromiso de verdad "no corresponde a un avance en los derechos de las víctimas y a la sociedad colombiana en general, sino que genera mayor vaguedad e imprecisión frente a lo que se había sostenido en las manifestaciones anteriores en los años 2019 y 2020".
Asimismo, sobre su contribución para reparar a las víctimas del paramilitarismo explicó que crearía una fundación para difundir y desarrollar actividades conducentes a la transparencia de la istración pública, algo que la JEP consideró que no es viable pues "dicha fundación no cuenta con personería jurídica, no cuenta con estatutos, sino que se trata de una entidad sin ánimo que no se ha materializado, como tampoco hace una propuesta de como estaría conformada".
Ante esto la JEP decidió no aceptar el sometimiento del exgobernador, por lo que sus procesos deberán continuar el trámite en la justicia ordinaria, tampoco podrá acceder a algunos de los beneficios que otorga la justicia transicional para quienes aportan verdad plena y reconocen su responsabilidad, entre esos, la libertad condicional.
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