
Fiscalía: Sandra Ortiz pagaría al menos 20 años de prisión en caso de ser vencida en juicio
La advertencia quedó consignada en un documento oficial con fecha del 30 de mayo, al que tuvo Blu Radio

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La Fiscalía General de la Nación fue tajante: si la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, decide ir a juicio y es hallada culpable, la condena no será inferior a 20 años de prisión, sin contar con el agravante de que también enfrentaría una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos o contratar con el Estado.
La advertencia quedó consignada en un documento oficial con fecha del 30 de mayo, al que tuvo Blu Radio, en el que además se confirma que no habrá una nueva oportunidad para negociar un principio de oportunidad. En otras palabras, Ortiz ya no podrá optar por inmunidad a cambio de colaboración. Las únicas salidas posibles ahora son llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, lo que implica aceptar responsabilidad, o enfrentarse a un juicio, con todo lo que eso conlleva.
Ortiz está vinculada al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Según la Fiscalía, habría coordinado con Olmedo López, entonces director de la entidad, la entrega de 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, con el objetivo de que impulsara las reformas del Gobierno en el Congreso. De acuerdo con el expediente, el dinero fue trasladado por la propia Ortiz entre el 12 y 13 de octubre de 2023, desde el Hotel Tequendama en el centro de Bogotá, con destino final en la residencia del senador Name.
Esta operación, según la Fiscalía, habría sido ejecutada por instrucción directa de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento istrativo de la Presidencia, Dapre, quien ya fue imputado por cohecho, peculado y lavado de activos.
El próximo 12 de junio, Ortiz será formalmente acusada por lavado de activos y tráfico de influencias. Durante los acercamientos judiciales, la Fiscalía concluyó que Ortiz no presentó pruebas sólidas ni confiables, y que sus declaraciones no aportaron información útil ni verificable. Incluso, señalamientos como el que hizo contra el magistrado Vladimir Fernández fueron desestimados por carecer de sustento.
La Fiscalía fue enfática: no habrá nuevos intentos de negociación y la decisión ahora está en manos de Sandra Ortiz.