La Corte Constitucional rechazó la solicitud de nulidad interpuesta por el Ministerio de Salud contra el Auto 007 de 2025, que ordenó al Gobierno adoptar medidas para garantizar la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en los regímenes contributivo y subsidiado del sistema de salud.
La Sala Plena concluyó que la petición presentada por el director jurídico del MinSalud no cumplió con los requisitos de oportunidad ni con la carga argumentativa exigida para este tipo de solicitudes excepcionales.
Con esto, sigue vigente la instrucción para que ajusten el aumento de dicho giro al considerar como insuficiente el planteado por el Gobierno.
“La Sala determinó que el escrito presentado no se fundó en razones claras, expresas, precisas, pertinentes y suficientes, criterios que habilitan al Tribunal Constitucional a asumir de fondo el asunto, pues la solicitud planteada por el Ministerio buscó reabrir el debate jurídico con base en interpretaciones subjetivas”, señala el auto de la Corte.
El Ministerio de Salud alegaba que la Corte había incurrido en varias irregularidades al declarar la insuficiencia de la UPC fijada para 2024, entre ellas la supuesta falta de competencia de la Sala de Seguimiento, la valoración arbitraria de pruebas y la vulneración del debido proceso.
Sin embargo, la Corte señaló que los argumentos presentados no evidenciaban una violación clara, trascendental y probada al debido proceso, y que en realidad reflejaban un desacuerdo con el contenido de la decisión, lo cual no constituye causal de nulidad.
Además, la Corte recordó que las decisiones proferidas por esta corporación son de cumplimiento inmediato, y que ni las solicitudes de aclaración ni de nulidad suspenden sus efectos.
También criticó lo que calificó como un uso litigioso indebido de los mecanismos procesales por parte del Ministerio de Salud, y advirtió que esta actitud podría constituir una falta disciplinaria susceptible de ser investigada por los órganos competentes.
Entre las órdenes impartidas se incluía la necesidad de recalcular la UPC con base en criterios técnicos actualizados y crear un mecanismo de ajuste, ante la evidencia de un rezago financiero que impacta negativamente la atención en salud.
Organizaciones como Pacientes Colombia, Así Vamos en Salud, Acemi, Andi y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas respaldaron la competencia y actuación de la Corte, y coincidieron en que el Minsalud no presentó argumentos jurídicos válidos para sustentar su solicitud de nulidad.