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La Presidencia de la República informó en un comunicado que abrió una investigación a la Dirección de Tecnología y a la Secretaría de Comunicaciones de Palacio luego de las denuncias que indican interceptaciones ilegales (chuzadas) a magistrados y de la oposición.
“Desde que se hicieron públicas las denuncias por una supuesta operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una investigación a control interno y a control externo disciplinario de la entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaria de Comunicaciones y Prensa y por la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República”, dice el comunicado.
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Presidencia aclara que conductas como perfilamiento, seguimiento e interceptación no hacen parte de prácticas de la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa y menos del Gobierno nacional.
“El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que este tipo de hechos no son permitidos, son totalmente ilegales y cualquier funcionario que se vea involucrado en alguna de estas prácticas deberá responder ante la justicia. La Presidencia de la República está comprometida con proporcionar toda la información necesaria de manera transparente y rápida para aclarar estos hechos”, añade.
La semana pasada se conoció que los magistrados de la Corte Constitucional denunciaron la posibilidad de que estén siendo objeto de interceptaciones ilegales.
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El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le entregó a la fiscal una carta en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denuncia que él y su esposa son "víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal".
Esto incluye, supuestamente, las interceptaciones telefónicas, así como seguimientos, elaboración de perfiles y monitoreos permanentes.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro escribió en X este lunes: "He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia), se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada.
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Durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010) ocurrieron también seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y políticos de oposición, lo que derivó en un escándalo con condenas a algunos de los responsables.
Durante el Gobierno de Uribe se conoció que el ya extinto Departamento istrativo de Seguridad (DAS), que ejercía las labores de inteligencia, había instalado micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptaba teléfonos de muchas personalidades, entre jueces, periodistas y opositores.
Por este caso fueron condenados, entre otros, Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia de Colombia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del DAS, quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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En septiembre de 2017 también fue condenado a siete años, 10 meses y 15 días de cárcel el también exdirector del DAS Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar "interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial".
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