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La reciente decisión del Ministerio de Vivienda de recortar los subsidios del programa Mi Casa Ya está generando un fuerte impacto en la población colombiana que depende de estos apoyos económicos. En una entrevista de Mañanas Blu 10:30 con la presidenta de Asocajas, Adriana Guillén, se abordaron los efectos de esta medida, especialmente para las familias de bajos ingresos que luchan por acceder a una vivienda digna.
Guillén destacó que el recorte reducirá significativamente el alcance del programa gubernamental, pasando de 50.000 subsidios entregados en 2022 a tan solo 22.000 en 2023. Esta reducción limita la concurrencia entre los subsidios de Mi Casa Ya y los otorgados por las cajas de compensación familiar, lo que anteriormente permitía a los trabajadores sumar hasta 65 millones de pesos para la compra de vivienda de interés social.
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“Es una gran pérdida para los trabajadores con menores ingresos. Antes, una persona que ganaba menos de dos salarios mínimos podía combinar ambos subsidios y reducir el monto del crédito necesario para adquirir una vivienda. Ahora, tendrán que endeudarse más, algo que no siempre es viable para muchas familias”, explicó Guillén.
Las cajas de compensación familiar seguirán ofreciendo cerca de 60.000 subsidios anuales, financiados por los aportes de los empleadores. Según Guillén, estos recursos no se ven afectados por el recorte del programa Mi Casa Ya. Sin embargo, señaló que la ausencia de la concurrencia hará que los trabajadores deban cubrir una brecha mayor para completar el valor de una vivienda.
“El 76 % de nuestros afiliados gana menos de dos salarios mínimos y, para ellos, esta medida significa un esfuerzo financiero más grande, que no siempre es posible asumir. A esto se suma que las regiones con menor formalidad laboral, como las áreas rurales, tendrán menos a estos beneficios”, añadió.
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Guillén mencionó que las cajas están desarrollando estrategias para mitigar los efectos de esta medida. Entre ellas, destacó la alianza con Findeter para ofrecer créditos a tasas más bajas y el subsidio de arrendamiento, que otorga entre 500.000 y 600.000 pesos mensuales para pagar alquiler mientras los afiliados ahorran para adquirir una vivienda.
Además, Guillén advirtió que esta situación podría impactar gravemente al sector constructor, que ya enfrenta desafíos por la disminución en la demanda de vivienda. “Es crucial mantener el apoyo al sector, pues no solo se trata de vivienda, sino también de empleos. Si el sector constructor se frena, las consecuencias serán amplias”, afirmó.
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