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En las últimas hora se conoció el billonario cobro que la Dian el hizo a Ecopetrol por cuenta del pago retroactivo del IVA por importaciones de combustible realizadas entre 2022 y 2024, un monto que podría superar los 22 billones de pesos.
Desde Ecopetrol, no solo han denunciado que el cobro pone en riesgo la estabilidad de la compañía, sino que también ha desatado un intenso debate sobre su legalidad y consecuencias para la economía nacional.
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Todo comenzó cuando la Dian emitió tres Requerimientos Especiales Aduaneros (REA), argumentando que Ecopetrol debía pagar el 19 % de IVA por la gasolina importada en los últimos años. Según las autoridades tributarias, este impuesto no fue cancelado en su momento, por lo que ahora se reclama su pago de forma retroactiva.
La cifra inicial asciende a 9,4 billones de pesos, distribuidos entre Ecopetrol (6,1 billones), la Refinería de Cartagena (1 billón) y los intereses moratorios (2,3 billones). Sin embargo, si el mismo criterio se aplica al AM (diésel), el monto total podría escalar hasta 22 billones de pesos, una cantidad que supera el presupuesto anual de varios ministerios.
Ecopetrol, que ya enfrenta desafíos por la volatilidad de los precios del crudo y las políticas energéticas del gobierno, vería seriamente comprometida su liquidez.
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Esto obligaría a la empresa a tomar medidas drásticas, como reducir inversiones en exploración, congelar proyectos de expansión e incluso recortar gastos operativos, lo que podría afectar empleos y la producción de hidrocarburos.
Además, un golpe financiero de esta magnitud podría debilitar la confianza de los inversionistas, generando una caída en el valor de sus acciones en la bolsa. Esto no solo perjudicaría a los accionistas privados, sino también al Estado colombiano, que es el mayor accionista de la compañía.
El sindicato de la Unión Sindical Obrera (USO) ha sido uno de los más críticos con la medida, acusando a la Dian de intentar "estrangular financieramente" a Ecopetrol. Según el gremio, esta exigencia equivale a una "reforma tributaria encubierta", ya que modifica las reglas del juego de manera retroactiva sin pasar por el Congreso.
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La USO también advierte que, de concretarse el cobro, se pondría en riesgo la sostenibilidad de la empresa más importante del país, con posibles efectos en cadena sobre el empleo, el suministro de combustibles y la economía regional. Incluso han sugerido que la DIAN estaría "usurpando funciones del Legislativo", pues la Constitución establece que solo el Congreso puede crear o modificar impuestos.
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