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A dos días del plazo máximo para encender Hidroituango sin sanciones, el fiscal general Francisco Barbosa advirtió que se abrirá una investigación penal si no se prenden las turbinas antes del 30 de noviembre.
El jefe del ente acusador aseguró que hay un grupo especial que continúa con el seguimiento exhaustivo a este megaproyecto, que hoy está en la incertidumbre sobre su puesta en marcha.
El plazo máximo de la Creg para que EPM evite una sanción de 190 millones de dólares es este miércoles 30 de noviembre, es decir, menos de dos días para que se prendan las dos primeras turbinas de Hidroituango. En caso contrario, el fiscal Francisco Barbosa advirtió que se vendría una investigación.
"Estamos muy pendientes de la puesta en funcionamiento de Hidroituango el 30 de noviembre. En caso de que no ocurra, ustedes entenderán que habría posibles responsabilidades penales y fiscales; y la Fiscalía está encima de este asunto por ser, además, de prioridad nacional", aseveró.
En caso de que se abra esta investigación penal, la Fiscalía ya revisa cuáles serían los delitos en los que estarían incurriendo las personas responsables de Hidroituango y el incumplimiento con los plazos para entregar energía al país.
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"Estamos verificando cuáles son las posibles responsabilidades penales en caso de que no opere el funcionamiento de Hiroituango. Todo eso es parte de las discusiones internas que se van a tener y que, por supuesto, están dirigidas por los fiscales delegados ante la Corte encargados de esta investigación", agregó Barbosa.
En investigaciones por supuestas irregularidades en los contratos de Hidroituango, la Fiscalía ha imputado cargos a nueve exdirectivos de EPM y políticos, entre ellos el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, y el exgobernador de Antioquia, Alfredo Ramos.
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