
Las recomendaciones de gremios al Ministerio de Salud, para cumplir la orden de la Corte
El enfoque central es relanzar las mesas de ajuste de la Unidad de Pago por Capitacion, UPC, un componente clave en la financiación del sistema de salud.

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Ante la crisis que atraviesa el sistema de saludcolombiano, varias organizaciones del sector han presentado una propuesta denominada “Acuerdos verdaderos para enfrentar la crisis de la salud en Colombia”. El documento, respaldado por gremios como Acemi, ASOCAJAS, Andi y asociaciones de pacientes y s como UNIPS, Mesa Nacional de s, Pacientes Colombia Y FECOER, plantea una metodología técnica de 10 puntos con el objetivo de alcanzar consensos que permitan estabilizar el sistema sin depender de reformas legislativas que podrían tardar meses, según argumentan.
La iniciativa surge tras más de dos años de diálogos sin resultados concretos y busca dar cumplimiento a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional. El enfoque central es relanzar las mesas de ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un componente clave en la financiación del sistema de salud.
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Las recomendaciones presentadas buscan relanzar las mesas técnicas de ajuste de la UPC con una metodología basada en resolución de conflictos, mediación independiente y transparencia en el manejo de la información. Proponen contrastar datos entre EPS e IPS para clarificar el gasto real en salud, garantizando una participación equilibrada de todos los actores del sistema, incluyendo pacientes, aseguradores, prestadores y entes de control, además de avanzar sesión por sesión con base en los mandatos de la Corte Constitucional. Finalmente, plantean revisar el valor de la UPC desde 2021, para definir una fórmula de cálculo futura y asegurar el acompañamiento del Ministerio Público para garantizar un proceso imparcial.
Los proponentes enfatizan que la situación es crítica y no da espera. Dicen además que existen mecanismos institucionales inmediatos, como los definidos por la Corte, que permiten avanzar sin necesidad de procesos políticos o consultas populares que demoren soluciones urgentes.
El documento ya fue presentado ante el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y se plantea como un proceso técnico y objetivo, bajo vigilancia del Ministerio Público.