Una fuerte advertencia lanzaron la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo al Ministerio de Ambiente, por presuntas irregularidades en la expedición de la Resolución 0221 de 2025, mediante la cual se declaró una zona de reserva de recursos naturales en el macizo de Santurbán.
Ambas entidades de control solicitaron al Tribunal istrativo de Santander suspender de manera inmediata los efectos de dicha resolución, al considerar que el proceso de delimitación ambiental habría estado plagado de omisiones que podrían afectar a más de 35 mil personas en siete municipios del departamento: Vetas, California, Suratá, Charta, Tona, Matanza y Bucaramanga.
De acuerdo con el informe entregado al tribunal, se habrían excluido más de mil observaciones presentadas por las comunidades, lo que implicaría una posible violación al derecho fundamental a la participación ambiental, protegido por el Acuerdo de Escazú y reafirmado por la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional. "Falta
de participación ciudadana y errores técnicos fueron hallados", dice el informe.
“La resolución fue expedida sin una consulta efectiva, sin información clara y sin escuchar a las comunidades. Esta imposición vulnera nuestros derechos y pone en riesgo la supervivencia de las familias que por generaciones han vivido de la minería en Soto Norte”, denunció Ivonne González, presidenta de Asomineros.
Tanto la Procuraduría como la Defensoría cuestionaron que la resolución fuera firmada por la exministra Susana Muhamad en su último día de gestión, a pesar de que estaba recusada por posibles conflictos de interés. Además, el acto istrativo contiene errores sustanciales en la delimitación del área protegida, que abarcaría 75 mil hectáreas, y fue tramitado en tan solo 97 días.
Los entes de control contrastaron esta rapidez con la demora de más de siete años en cumplir la orden de la Corte Constitucional para delimitar el páramo de Santurbán. De las siete mesas de concertación prometidas con las comunidades, solo una ha sido realizada, lo que ha generado desconfianza institucional, protestas sociales y un creciente malestar ciudadano.
El informe no solo pone en duda la validez legal de la resolución, sino que también sugiere la posibilidad de imponer sanciones por desacato contra la exministra Muhamad, debido al incumplimiento reiterado del mandato constitucional.
A pesar de la solicitud de la Procuraduría y la Defensoría, el Ministerio de Ambiente sigue realizando reuniones con ambientalistas de Santander para aplicar la resolución que creó la zona de reserva temporal en Santurbán.
"Frente a la resolución de la Zona de Reserva Temporal en Santurbán, que proteja los derechos de sus habitantes y el agua que es vital para el cuidado de nuestros páramos", dice Minambiente
Las comunidades afectadas han manifestado su rechazo a lo que califican como una decisión impuesta, antitécnica y sin respaldo social, que podría llevarlas a la pobreza o al desplazamiento forzado.
La solicitud de suspensión busca detener los efectos de la resolución mientras se reinicia el procedimiento con garantías reales de participación ciudadana. La decisión ahora queda en manos del Tribunal istrativo de Santander, que deberá evaluar los argumentos presentados y definir si detiene el avance de una resolución que, según los entes de control, nació sin legitimidad ni sustento jurídico.
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