LaDefensoría del Pueblo envió un oficio al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, donde hace un llamado a los funcionarios públicos y a los alcaldes de los municipios de Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta y Tona, solicitando acciones urgentes para cesar la estigmatización contra defensores de derechos humanos que integran la Plataforma Cívica Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.
En la comunicación, del 10 de abril de 2025, la entidad indica que ha recibido denuncias sobre una campaña de criminalización y señalamientos injustificados contra este colectivo ambiental, lo cual representa un riesgo para sus integrantes. De acuerdo con la Defensoría, estas acciones se intensificaron tras la expedición de la resolución sobre las Zonas de Reserva Temporal para el Páramo deSanturbán.
Entre las prácticas señaladas se encuentran declaraciones estigmatizantes de funcionarios públicos, publicaciones en redes sociales que vinculan falsamente al Comité con grupos armados ilegales, y presuntos actos de intimidación y perfilamientos. Según el documento, estas conductas podrían activar nuevos repertorios de violencia y atentan contra el tejido social y el derecho a la defensa del territorio.
La Defensoría hace un llamado a las autoridades locales para que socialicen con sus funcionarios las directivas 002 de 2017 y 005 de 2024 de la Procuraduría General de la Nación, las cuales establecen lineamientos para la protección efectiva de defensores de derechos humanos. Además, solicita que estas acciones de sensibilización se extiendan a la comunidad en general y a las empresas mineras que operan en la zona.
“El Comité Santurbán ha presentado pruebas contundentes de cómo algunos funcionarios, en alianza con la multinacional Minesa –hoy Aris Mining–, han difundido desinformación en redes sociales, señalándonos de forma infundada. Es falso que si no entra la minería vendrán grupos armados, como también es falso que seamos cómplices de ellos. Nuestro mensaje ha sido claro: Santurbán no se toca, ni por multinacionales ni por actores armados”, afirmó Hernán Morantes, vocero del Comité.
Ante la solicitud de la Defensoría, el gobernador Juvenal Díaz afirmó que se dará cumplimiento a lo requerido. “La carta nos pide socializar unas directivas de la Procuraduría, lo vamos a hacer. Nosotros no hemos estigmatizado a nadie, por el contrario, a veces somos nosotros quienes hemos sido señalados falsamente de querer llevar la gran minería al páramo, lo cual es totalmente falso. Nuestra política es clara: respeto por todos los comités y defensores de derechos humanos en Santander”, dijo Díaz.
La Defensoría Regional Santander reiteró su compromiso con la protección de los derechos de líderes sociales, ambientales y comunitarios en la provincia de Soto Norte, advirtiendo que los ataques a defensores buscan silenciar las voces de las comunidades.
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