La reciente captura de siete mineros artesanales en los municipios de California y Matanza, en el departamento de Santander, ha desatado una fuerte polémica entre las autoridades, las comunidades locales y los defensores de la pequeña minería.
Según el reporte oficial de la Policía Nacional, las detenciones se realizaron como parte de una operación contra la estructura denominada "Midas", señalada de explotar ilegalmente yacimientos auríferos en la región. Durante el operativo, las autoridades incautaron 15 kilogramos de anfo, 38 detonadores, 40 metros de cordón detonante y seis teléfonos celulares. Además, informaron que la organización obtenía cerca de 5.000 gramos de oro al mes, generando "rentas ilegales de aproximadamente 19 millones de pesos".
El coronel Jorge Andrés Bernal Granada, director de Carabineros y Protección Ambiental (E), destacó que estas acciones buscan frenar la contaminación generada por el uso de mercurio y cianuro en los principales afluentes hídricos que abastecen al acueducto de Bucaramanga, así como proteger el Páramo de Santurbán, considerado un ecosistema estratégico para la región.
Sin embargo, desde el municipio de California, la Alcaldía ha rechazado el enfoque del operativo y la criminalización de los mineros tradicionales. En un comunicado, la istración municipal recordó que estos mineros han trabajado durante generaciones en la extracción artesanal de oro y que llevan años esperando la formalización prometida por el Gobierno Nacional.
"La detención de estos ciudadanos genera una profunda preocupación, ya que se trata de personas que ejercen esta actividad con la esperanza legítima de acogerse a un proceso de formalización minera, anunciado y respaldado por la normativa vigente", señaló la Alcaldía.
El comunicado también exige la reactivación de las mesas técnicas suspendidas hace casi un año, en las que se habían identificado áreas estratégicas para la formalización, como el Bloque 736, declarado zona de reserva minera. Además, recuerda que normativas como la Ley 2250 de 2022 y la Ley 2294 de 2023 reconocen la condición diferencial de los pequeños mineros como sujetos de derechos y ordenan promover procesos de formalización con enfoque territorial y sostenibilidad ambiental.
"Solicitamos a las autoridades competentes evaluar con urgencia la situación jurídica de los detenidos, reconociendo su carácter de mineros tradicionales y garantizando su a los mecanismos de formalización contemplados en la ley", expresó el alcalde de California.
Mientras tanto, líderes comunitarios y organizaciones sociales han alertado sobre el riesgo de estigmatización y judicialización de la pequeña minería, y han reiterado la necesidad de un diálogo abierto entre el Gobierno Nacional, las autoridades ambientales, las comunidades y los mineros.
La controversia evidencia una vez más la tensión entre la protección ambiental, la lucha contra la minería ilegal y la necesidad de encontrar soluciones efectivas para la formalización de la pequeña minería en zonas sensibles como el Páramo de Santurbán.
Por ahora, los siete detenidos permanecen a disposición de la justicia, mientras crece el clamor de la comunidad para evitar que se repitan este tipo de operativos sin antes garantizar alternativas reales para la subsistencia de las familias mineras de la región.