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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) suspendió temporalmente las operaciones del Muelle 13 en Buenaventura, tras identificar graves deficiencias en las medidas de manejo ambiental.
Daniel Páez, jefe de la Oficina Jurídica de la Anla, explicó en entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, los motivos detrás de esta decisión, enfatizando la necesidad de garantizar estándares ambientales actualizados para mitigar los riesgos en la zona portuaria.
Según Páez, la suspensión responde a la insuficiencia de los instrumentos de control ambiental vigentes, basados en estudios antiguos que no reflejan las condiciones actuales del área. "Las medidas de manejo ambiental existentes no son adecuadas ni actuales para los impactos evidenciados en una visita técnica realizada en coordinación con el Ministerio de Ambiente", afirmó el funcionario.
Entre las irregularidades encontradas, se destacan la mezcla de aguas lluvia con sustancias contaminantes y la falta de controles estrictos para evitar que estas lleguen al mar. Además, se detectó la presencia de vectores como palomas, que podrían comprometer la calidad de los productos almacenados en las bodegas del muelle.
Durante una inspección conjunta con el Ministerio de Ambiente, se documentaron diversos problemas ambientales y sanitarios, incluyendo imágenes que muestran palomas sobre los granos almacenados en el muelle. Páez destacó que estos hallazgos forman parte de un informe técnico que sustentó la decisión de suspensión. "Aunque la Anla se enfoca en los aspectos ambientales, esta situación también podría tener implicaciones sanitarias, por lo que hemos informado a las autoridades de salud competentes, como el Invima y la Secretaría Distrital de Salud de Buenaventura", señaló.
Por otro lado, se detectaron riesgos asociados con la contaminación del agua y el suelo debido a un manejo inadecuado de residuos, lo que refuerza la urgencia de actualizar las medidas de control en el puerto.
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En respuesta a las críticas del Grupo Portuario —operador del Muelle 13—, que cuestionó la competencia de la Anla en este caso, Páez aclaró que el puerto fue clasificado como marítimo de gran calado, lo que otorga a la Anla autoridad sobre sus operaciones. Este cambio se fundamenta en datos oficiales de la Superintendencia de Puertos y la Dimar.
“La Agencia de Defensa Jurídica del Estado corroboró esta clasificación, y el EPA (Establecimiento Público Ambiental) entregó el expediente al reconocer la competencia de la Anla. Por tanto, actuamos dentro del marco de la ley”, puntualizó el funcionario.
En cuanto a una decisión del Tribunal Superior del Valle del Cauca favorable al operador, Páez explicó que esta se limita a aspectos contractuales y no interfiere con las facultades ambientales de la Anla.
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Para levantar la suspensión, la Anla exige la elaboración de un nuevo instrumento de manejo ambiental con estudios de campo actualizados. Páez insistió en la importancia de contar con medidas que mitiguen adecuadamente los impactos ambientales actuales, en lugar de apoyarse en información secundaria o desfasada.
“Es fundamental que los operadores trabajen en la actualización y cumplimiento de las medidas ambientales. Solo así podrán garantizar la sostenibilidad de sus operaciones y prevenir riesgos futuros”
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