En Cotorra, Córdoba, hay 19.000 personas en riesgo por una eventual inundación ante la llegada del fenómeno de La Niña, sin embargo, el contrato con el que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pretendía evitar una emergencia está enlodado porque supuestamente parte de los recursos solicitados iban a ser empleados en el pago de coimas.
Se trata de un proyecto que desde 2021 estuvo gestionando el entonces alcalde de Cotorra Guillermo Llorente para que desde la Nación le habilitaran $25.000 millones para el desarrollo de un proyecto de recuperación del sistema integral de drenaje de aguas lluvias hacia la Ciénaga Grande de Lorica. A pesar de que en junio de 2022 recibió autorización presupuestal para esto, el pasado 6 de diciembre solicitó a Olmedo López el retiro del proyecto sin mayores explicaciones.
Solicitud de retiro
Pantallazo de documento enviado por el funcionario.
Esta actuación no sería relevante, de no ser porque 12 días después, el 18 de diciembre, Llorente envió nuevamente una solicitud a la UNGRD para la incorporación de este mismo proyecto que ya no costaba $25.000 millones, sino $50.300 millones, lo que equivale a un incremento del 100% en su valor de ejecución.
Pantallazo de nueva solicitud presentada por Llorente a Olmedo López.
Pantallazo de la solicitud enviada por el mandatario.
Esto, según el documento firmado por el entonces mandatario, incluía "costos de interventoría, istración, imprevistos y utilidad" y correspondía al resultado de una consultoría realizada por un privado en octubre de ese mismo año, es decir, dos meses antes de solicitar el retiro del proyecto.
Documento del presupuesto presentado.
Pantallazo tomado del documento presentado por el mandatario.
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Justamente, el envío de este nuevo proyecto coincide con las fechas de conversaciones entre Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides, frente a la asignación de unos recursos de la UNGRD que habrían sido presuntamente redireccionados por el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, lo que involucraba este proyecto en Cotorra, otro en Bolívar y uno más en Arauca, que en total sumaban $92 mil millones.
Resulta relevante que esta vez Llorente no tuvo que esperar más de un año para obtener respuestas frente a su propuesta, pues tres días después, el 21 de diciembre, ya la Unidad de Gestión del Riesgo tenía aprobado este nuevo monto, a lo que se suma que nunca hubo cuestionamientos por el incremento en el valor del contrato de la obra tasado ahora en $44.000 millones de pesos.
Pantallazo de propuesta de segmento de gastos.
Pantallazo de propuesta de segmento de gastos.
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Pese al juicioso ajuste que hizo el mandatario en cada una de las cuentas, hubo varios detalles que se le escaparon en su nueva propuesta al entonces mandatario, como por ejemplo el no ajuste del calendario previsto de actividades, pues envió el mismo que propuso en 2021.
Pantallazo del cronograma presentado en 2023 a la UNGRD con fechas desde 2021.
Pantallazo de cronograma presentado.
A esto se suma una escueta carta firmada por el alcalde y dirigida al director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, enviada el 5 de diciembre de 2023, en la que informa sobre el incremento en el valor de la obra, pero no explica en detalle la razón del aumento, más allá de que requería la actualización de su concepto técnico para justificar la intervención.
Llama la atención que dicho concepto ambiental de uso de canales de drenaje no fue adjuntado en la propuesta presentada el 18 de diciembre, por lo que se desconoce cuál fue la respuesta de Orlando Medina, entonces director de la mencionada autoridad ambiental.
Pantallazo de la solicitud de concepto técnico presentado por el alcalde a la CVS.
Pantallazo de la solicitud de concepto técnico
Silencio en el empalme Debido a que estos hechos se desarrollaron a medida que avanzaba el diálogo del empalme entre el equipo de Llorente y el equipo de la electa alcaldesa María Eugenia López Díaz, las conversaciones eran constantes entre ambos equipos, sin embargo, la actual mandataria asegura que nunca le comentaron nada de este contrato.
Asegura que se enteró a partir de unos correos electrónicos que recibió en enero de este año, en el que se hacía relación de dicho proyecto, que iba a ser asignado a un contratista directamente desde la UNGRD.
Según contó a Blu Radio, esto la llevó a realizar su propio estudio para presentar una propuesta, lo que la sorprendió, pues encontró que el mismo trabajo se podía hacer por un valor 30% menor al que suscribió su predecesor.
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"Nosotros cuando hicimos el estudio nos arrojó $32.000 millones. Miramos cuánto se gasta el proyecto y todo. Nosotros lo presentamos a la Unidad de Gestión del Riesgo, pero por menos valor. Sin embargo, no recibí una sola respuesta por este tema", manifestó la funcionaria a Blu Radio.
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