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El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, asumió la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos (FND) tras un acuerdo entre los mandatarios regionales. En una entrevista con Mañanas Blu 10:30, Zuleta destacó la importancia de su nuevo rol y los desafíos que enfrentará, especialmente en la reglamentación del Acto Legislativo del Sistema General de Participaciones (SGP).
Muy complacido con la presencia de gran parte de los gobernadores, casi 27 o 28 de los 32 gobernadores. Sin duda alguna hay que resaltar el trabajo que se ha hecho durante este año en cabeza de Carlos Amaya como presidente de la Federación
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El gobernador resaltó que el primer año de gestión es un periodo de adaptación, planificación y formulación de proyectos estratégicos. Ahora, con el inicio del segundo año de Gobierno, se espera la ejecución de estos planes.
Uno de los principales retos que enfrentará Zuleta en la presidencia de la FND es la implementación de la Ley de Competencias. Este marco normativo busca definir las responsabilidades entre el Gobierno central y las istraciones departamentales y municipales.
Zuleta enfatizó la necesidad de que la descentralización no se limite a una transferencia de recursos, sino que también incluya capacidades técnicas y istrativas. “El SGP y la Ley de Competencias no pueden ser simplemente definir los roles del Gobierno central. Tiene que haber un adelgazamiento de la burocracia en Bogotá para trasladar responsabilidades y recursos a alcaldías y gobernaciones”, explicó.
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El gobernador de Córdoba subrayó la importancia de fortalecer los órganos de control para garantizar el correcto uso de los recursos.
Debemos fortalecer los mecanismos de control preventivo y concomitante, como la Contraloría, para que los recursos se ejecuten de manera correcta
Durante la entrevista, Zuleta fue consultado sobre las competencias específicas que asumirían los departamentos en el marco de la descentralización. Aunque no hay definiciones concretas aún, mencionó áreas críticas como la educación, la salud y la inversión en infraestructura carcelaria.
“Hoy los territorios hemos asumido unas competencias sin recursos, como es el caso del PAE (Programa de Alimentación Escolar) y la nómina de docentes. También nos impusieron la responsabilidad de inversión en cárceles sin los fondos necesarios”, explicó.
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El mandatario hizo hincapié en que la discusión debe centrarse en un fortalecimiento real de las regiones y no en una simple redistribución presupuestaria. “No se trata solo de trasladar recursos, sino de fortalecer las capacidades institucionales y definir claramente las funciones de gasto e inversión”, puntualizó.
Uno de los temas polémicos que surgió en la conversación fue la posibilidad de que una mayor autonomía para las regiones aumente los riesgos de corrupción. Frente a esta inquietud, Zuleta rechazó la idea de que la corrupción sea exclusiva de los gobiernos locales y defendió la necesidad de invertir en educación cívica y control institucional.
“La corrupción no es un tema exclusivo de los departamentos o municipios, también se da en el Gobierno central. La clave está en fortalecer las capacidades técnicas y istrativas de las entidades territoriales y en mejorar la supervisión de los órganos de control”, afirmó.
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Además, propuso una mayor inversión en educación para fomentar la responsabilidad ciudadana. “Hay que invertir más en educación para que los jóvenes no voten por corruptos, sino por personas que realmente le aporten al país”, subrayó.
Zuleta también expresó su preocupación por la falta de prioridad que el Gobierno nacional ha dado a la Ley de Competencias. Según él, este marco legal es fundamental para consolidar la descentralización y garantizar que los departamentos y municipios tengan las herramientas necesarias para gestionar sus recursos de manera eficiente.
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“Este es un proyecto que debe radicar el Gobierno, pero hasta el momento no ha sido priorizado. Le vamos a pedir al presidente que lo impulse porque tenemos que sacarlo adelante este año”, señaló.
Finalmente, el gobernador enfatizó la importancia de que los ciudadanos comprendan cómo se distribuyen los impuestos en el país. “El 80% de los impuestos que pagamos los colombianos los maneja el Gobierno central, el 15% se gira a los municipios y solo el 5% llega a las gobernaciones. Esto debe cambiar para lograr un desarrollo equitativo en las regiones”, concluyó.
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