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Este jueves el Gobierno nacional tomó finalmente la decisión de intervenir a Air-e. Sin embargo, la resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos muestra que la situación de la compañía ya era crítica desde hace varias semanas y que el Gobierno lo sabía.
El 31 de julio “la Superintendencia Delegada para Energía y Gas informó que la situación de Air-e se enmarcaba en las causales de toma de posesión”, dice el documento.
El 3 de septiembre, en la semana en que la compañía le envió una carta al presidente Gustavo Petro, la Superintendencia Delegada amplió su informe diciendo que la situación había empeorado y al día siguiente se solicitó el concepto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para intervenirla.
Según la resolución, hay “presuntas evidencias de deterioro patrimonial a causa de pérdidas en los dos trimestres corridos del año”. Además “la empresa viene disminuyendo el valor aportado por los accionistas por cuanto a la fecha para el servicio de energía se vienen presentando pérdidas acumuladas por 386.970 millones COP que hacen perder el valor del capital emitido”.
En varios apartes del documento se señala que los gastos superan a los ingresos. La compañía solo logra recaudar un 69,6 % de su facturación y además sus gastos se dispararon el año pasado en medio del fenómeno de El Niño. Es más durante un punto del año pasado pagó más por energía en bolsa que por energía contratada.
Según la Superservicios, a Air-e le iniciaron 132 procesos de sanción por no pagar a tiempo a las generadoras durante el año. Eso quiere decir que en promedio “durante 13 días de cada mes estuvo con algún proceso de limitación de suministro iniciado”.
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En agosto el Ministerio de Energía suspendió el mecanismo para realizar procesos de limitación de suministro y desde entonces XM, que istra el mercado, recibió 26 solicitudes de terminación de contratos con Air-e y otras 4 solicitudes de desistimiento de contratos con esa compañía, “lo que implica que Air-e se vería abocada a una mayor exposición a la bolsa de energía”.
Varios indicadores de la Superservicios muestran una “desmejora en las características de calidad del servicio en el STR de Air-e”, como el número de horas compensadas a los s por fallas en el servicio o el número de activos indispobibles (fuera de servicio).
Además, el gobierno cuenta entre 2021 y 2024 246 manifestaciones “ante la presunta falta de atención oportuna de daños e inversión en mantenimiento correctivo de las redes por parte de la empresa Air-e, escenario que al parecer motivó a algunos sectores sociales a tomar vías de hecho para exigir un servicio digno”.
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Finalmente, la Superservicios dice que algunos de los informes de Air-e no coinciden entre sí, lo que representaría un incumplimiento de su deber de reportar información veraz, completa y oportuna.
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