
Tras polémica, en Bogotá no le cobrarán a venteros ambulantes el uso del espacio público
Habilitaron una nueva ruta de organización del espacio público.

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En una apuesta por el trabajo digno y la inclusión social, el Instituto para la Economía Social (IPES) lanzó en mayo de 2025 una nueva ruta para organizar a los vendedores informales en Bogotá, destacando como uno de sus pilares más importantes la eliminación de cobros por el uso del espacio público. Esta medida, sin precedentes en la ciudad, busca garantizar condiciones más justas para quienes ejercen la venta informal en el espacio urbano.
Como parte del decreto Distrital 315 de 2024, se crearon tres protocolos que regulan el uso de las plazas de mercado, las ferias temporales y las actividades informales en vía pública.
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Uno de los elementos clave de esta nueva política es que los vendedores informales no deberán pagar por ocupar el espacio público, siempre que estén caracterizados por el Distrito. La única excepción será una contribución mínima cuando utilicen mobiliario urbano del IPES, destinada exclusivamente a limpieza, seguridad y mantenimiento del entorno.
La iniciativa también establece permisos claros y temporales, con duración de uno a dos años, y promueve la inclusión de población migrante regularizada. Asimismo, se prohíbe la participación de empresas o intermediarios con intereses comerciales, asegurando que los beneficios lleguen directamente a los vendedores informales.
En el caso de las ferias temporales, el protocolo busca impulsar la participación de emprendedores locales y asociaciones sociales, con un enfoque organizativo, seguro y solidario. Para las plazas de mercado, se simplifican los trámites para acceder a los puestos y se reducen los valores de retribución económica para personas en situación de vulnerabilidad, a la vez que se protegen las tradiciones culturales de estos espacios.
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El IPES invita a quienes aún no están caracterizados a acercarse y participar de esta estrategia. A través de jornadas informativas y trabajo conjunto con la comunidad, se implementarán estos protocolos, con el propósito de construir una Bogotá más equitativa, organizada y solidaria, donde el derecho al trabajo no dependa de la capacidad de pago.