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Desde ya, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón cuenta con detractores a su propuesta de un impuesto para inversión en materia de seguridad, que sería cobrado en la factura de losservicios públicos, y que deberá ser aprobado en la Asamblea del departamento, de donde la tuvo que retirar en julio pasado.
Bajo este mecanismo se proyectan recaudar 1.2 billones de pesos entre 2025 y 2027 usando como base gravable la tarifa de energía de todos los s del departamento de estratos 4, 5 y 6.
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En los diputados hay voces a favor y en contra, no por la destinación de los recursos, que reconocen son temas fundamentales que requieren de inversión como la seguridad, sino porque como lo plantea el vicepresidente segundo de la Asamblea Manuel García ya la energía es costosa, por lo que se deben buscar otros mecanismos.
"Consideramos que es improcedente, no apoyaremos esta iniciativa y pediremos que se exploren otras alternativas viables para solucionar estos problemas importantes para el departamento", sentenció García.
Los recursos estarán destinados a asuntos como el fortalecimiento de la infraestructura policial, adquisición de cámaras de seguridad y el mejoramiento y construcción de nuevos centros carcelarios para disminuir el hacinamiento.
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Por ello, diputados como Verónica Arango, del Centro Democrático, se mostraron a favor de la iniciativa, teniendo en cuenta que en sus palabras, no hay apoyo del Gobierno nacional.
"Hoy los problemas de seguridad se ahondan más en el departamento de Antioquia con menos apoyo del Gobierno nacional y con unos problemas estructurales a los que hay que cortar desde el punto de vista de infraestructura principal, hay un gran déficit y no nos está ayudando para nada el Ministerio de Defensa", advirtió Arango.
El diputado Jorge Correa, del Partido Conservador, manifestó que esta es una forma de ver cómo se aportan, desde diferentes sectores, recursos para temas cruciales en el departamento.
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"Hay que mirar cómo entre todos ayudamos para que en Antioquia se puedan generar elementos de seguridad a partir de conectividad, inclusive en las vías del departamento posibilidades de que entre todos le ayudemos a las fuerzas policiales y fuerzas armadas a que tengan mejor dotación ya que el Gobierno nacional no se las está dando", argumentó Correa.
Sobre el mecanismo de cobro, el gobernador indicó que será de alrededor de 80 pesos por kilovatio de energía que cada reporte en su factura cada mes.
Frente a la oleada de críticas que la misma propuesta cobró en la última ocasión, Rendón expresó que hay un ambiente favorable en la Asamblea y mayor socialización. En su momento tampoco estuvo de acuerdo el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Federico Gutiérrez.
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