Luego de que a mediados de julio pasado el mismo gobernador Andrés Julián Rendón retirara de la Asamblea Departamental la propuesta de un impuesto para inversión en materia de seguridad, en las últimas horas se encargó de revivirla tal cual fue planteada.
Bajo este mecanismo se proyectan recaudar 1.2 billones de pesos entre 2025 y 2027 usando como base gravable la tarifa de energía de todos los s del departamento de estratos 4, 5 y 6.
Los recursos estarán destinados a asuntos como el fortalecimiento de la infraestructura policial, adquisición de cámaras de seguridad y el mejoramiento y construcción de nuevos centros carcelarios para disminuir el hacinamiento.
Sobre el mecanismo de cobro el mandatario indicó que será de alrededor de 80 pesos por kilovatio de energía que cada reporte en su factura cada mes.
"Más o menos, 80 pesos por kilovatio hora consumida. Aquí hay un ejemplo muy claro de lo que pagaría una familia al estrato 4 que consume 117 kilovatios hora en el mes. Y entonces, esa familia pagaría 9 mil pesos de contribución a la seguridad", expuso.
Frente a la oleada de críticas que la misma propuesta cobró en la última ocasión donde ni siquiera contó con el respaldo del partido Creemos, de Federico Gutiérrez, en la Asamblea, Rendón expresó que hay un ambiente favorable en la corporación y mayor socialización.
"Cometimos un error que no fue socializar debidamente en su momento este proyecto de ordenanza. Hoy hemos hablado con distintos actores y tenemos mucha fe en que el proyecto tenga un curso muy diferente y que ojalá pueda ser aprobado antes de terminar el año", aseveró el gobernador.
Ahora será la Asamblea la encargada de discutir y dar trámite a la iniciativa del gobernador con la que en su momento tampoco estuvo de acuerdo el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Federico Gutiérrez.
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