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Además de las denuncias que ya están en Procuraduría y las investigaciones que recientemente anunció la Personería Distrital, la Fiscalía General también ha decidido poner la lupa sobre presuntos hechos de corrupción en la Secretaría de Participación Ciudadana durante la istración de Daniel Quintero, y específicamente en la ejecución del Presupuesto Participativo.
Y es que a través de dos recientes cartas dirigidas a esta dependencia de la istración distrital, el ente acusador pidió mayores detalles sobre dos contratos suscritos en 2020 y 2021 con Plaza Mayor en el marco de la “Operación logística como apoyo al desarrollo del proceso de fortalecimiento” de dicha Secretaría.
Según una denuncia radicada a finales de marzo ante la Procuraduría, desde el liderazgo y supervisión de ese contrato, a cargo de Gloria Echeverri Lopera, se habría direccionado la subcontratación de Plaza Mayor detallando en un documento comuna a comuna y entidad por entidad con quién se debía ejecutar estos recursos por más de 25 mil millones de pesos repartidos en 16 corporaciones.
En su solicitud la Fiscalía pidió especificar si esos contratos tuvieron adiciones, además de la relación y constancias de pago durante su ejecución. También pidieron los números de cédula y datos de ubicación de los integrantes de los comités de Planeación, Direccionamiento Contractual y Estructuración y Valoración Contractual.
Para el momento de estos hechos el secretario de Participación Ciudadana era Juan Pablo Ramírez, quien en marzo de 2022 renunció para unirse a la campaña de Gustavo Petro en Medellín, luego retornó al gabinete como Secretario de Gobierno y más recientemente aterrizó en el Gobierno nacional como subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales en el Ministerio de Hacienda.
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