La reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación de destituir e inhabilitar por 14 años a tres exfuncionarios de la istración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero ha puesto nuevamente en el centro del debate las prácticas irregulares dentro del llamado quinterismo. Juan Pablo Ramírez, Juan Daniel Pulgarín y Fredy Alonso Agudelo Bolívar fueron hallados responsables de coaccionar a servidores públicos para que entregaran parte de su salario a la corporación “Se parece a nosotros”, vinculada al proyecto político de Quintero.
El caso fue impulsado por la denuncia de Pilar Rodríguez, abogada especializada en derecho de familia y exdirectora de la Unidad Técnica de la Niñez, quien habló en entrevista con Blu Radio sobre la forma en que fue presionada y, según sus palabras, víctima de un esquema de coacción institucional.
“Yo me sentí secuestrada. Nos encerraron en una casa, nos quitaron los celulares y nos presentaron un tarifario para que funcionarios y contratistas financiáramos la corporación de Daniel Quintero”, relató.
¿Qué hicieron los exfuncionarios de Daniel Quintero?
Rodríguez detalló que en agosto de 2021 fue convocada a una reunión en una casa que, según explicó, no era de ninguno de los funcionarios conocidos, y donde se encontró con otros de la Secretaría de Inclusión Social.
“Cuando llegamos, cerraron la puerta con doble llave. Nos pidieron los celulares y nos mostraron una carpeta con las tarifas que debíamos pagar según nuestro nivel educativo: desde $50.000 hasta $2.000.000 mensuales”, denunció.Durante la reunión, los funcionarios sancionados explicaron que el dinero debía ser consignado a una cuenta específica y que quienes lideraban unidades, como en su caso, debían además "vacunar a los contratistas".
“Nos dijeron que si queríamos seguir en el cargo debíamos aportar, y además asegurarnos de que nuestros contratistas también lo hicieran. Era un esquema estructurado de financiación ilegal”, añadió la exfuncionaria.
La negativa que costó el cargo
Rodríguez afirmó que tras su negativa a realizar los aportes, comenzó a recibir presiones directas por parte de Juan Daniel Pulgarín, quien le pedía reiteradamente su carta de renuncia. Eventualmente, fue apartada de sus funciones y, según relata, recibió una llamada en la que le dijeron directamente que su salida obedecía a una orden de Daniel Quintero.
“Me dijeron: ‘Este barco es de Daniel Quintero y el que no esté, se tira por la borda’. A mí me tiraron por la borda por no pagar ni obligar a otros a hacerlo”, recordó.La exfuncionaria dejó constancia de los hechos en grabaciones y documentos que posteriormente fueron clave para la apertura del proceso disciplinario en la Procuraduría.
Una sanción que marca precedente, pero con camino pendiente
El fallo de la Procuraduría es en primera instancia, y los tres sancionados han anunciado que apelarán la decisión. Sin embargo, la contundencia del testimonio y las pruebas presentadas por Rodríguez marcan un precedente en la lucha contra la corrupción istrativa en Medellín.
“Uno pierde la fe en las instituciones, pero esta decisión me da esperanza de que sí es posible que la justicia actúe, aunque sea lentamente”, expresó.Cabe señalar que algunos de los sancionados actualmente ocupan cargos en el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, lo que plantea un nuevo dilema si la sanción se ratifica en segunda instancia.
“Yo no podía ser cómplice de una ilegalidad”
Más allá del impacto institucional del caso, el relato de Pilar Rodríguez es también un testimonio de resistencia individual. A pesar del aislamiento, las represalias laborales y el riesgo personal, decidió seguir adelante con la denuncia.
“Mi formación no me permite ser cómplice de una ilegalidad. No podía quedarme callada sabiendo lo que estaba ocurriendo”, sostuvo.Rodríguez también aclaró que su desempeño fue excelente, contrario a los argumentos esgrimidos para justificar su salida. “Mis evaluaciones fueron sobresalientes. Lo que pasó fue que no acepté ser parte de una estructura corrupta”, afirmó con firmeza.
Una red de financiamiento político con rostro institucional
El escándalo ha revelado una modalidad sistemática de desvío de recursos públicos disfrazada de “membresía voluntaria”, que según investigaciones se habría extendido a decenas de funcionarios y contratistas en distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín durante la istración de Quintero.
La corporación
“Se parece a nosotros”, epicentro de la trama, fue utilizada presuntamente como plataforma de promoción política con miras a las elecciones locales y a una eventual candidatura presidencial del exalcalde.
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