¿Cuál es el problema que vincula a Puerto Antioquia con Corpourabá? Denuncia del director encargado

Jorge David Tamayo, director encargado de Corpourabá, denunció en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que fuerzas políticas buscan frenar a toda costa el megaproyecto de Puerto Antioquia.“La orden era acabarle la licencia al puerto”, aseguró, tras relatar cómo su decisión de levantar en febrero la medida cautelar que pesaba sobre la obra desató una embestida en su contra.Tamayo explicó que, luego de suspender la licencia en octubre de 2024 para revisar posibles afectaciones ambientales, encontró todo en regla y la restituyó. Esa actuación, dijo, fue suficiente para que el exsenador Julián Bedoya —a quien conoció en una reunión en Medellín— lo increpara: “Me preguntó quién me dio la orden de levantar la medida. Le dije que fui yo, porque era lo pertinente, y desde ese día me declaró enemigo”, contó.Desde entonces, señaló, ha recibido presiones para que renuncie y para que la corporación revoque la autorización. “Del Gobierno nacional nadie se ha comunicado conmigo; lo único que han propuesto tres o cuatro veces es designar un nuevo director”, afirmó, calificando esos intentos como una estrategia para colocar a alguien dispuesto a cerrar el proyecto.El funcionario subrayó que Corpourabá otorgó en 2021 la licencia para la red eléctrica del puerto y que su competencia se limita a lo ambiental, ámbito en el que no encontró daños. Recordó, además, que el Tribunal istrativo de Antioquia avaló las obras tras comprobar que la servidumbre y demás documentos estaban al día. “Lo otro es más de jueces que de Corpourabá”, puntualizó.Aunque reconoce que existen disputas por baldíos y restitución de tierras, Tamayo sostiene que la empresa ya presentó la servidumbre requerida sobre el predio La Presumida. Para él, el trasfondo es económico: “No entiendo por qué quieren suspender las labores del puerto; debe haber un interés muy grande”, afirma.Su nombramiento, respaldado por siete de los diez del Consejo Directivo—y, según él, por el propio Gobierno en su momento—, se resquebrajó cuando se opuso a “intereses particulares”. Ante la posibilidad de ser reemplazado, advierte que la presión política no frenará el avance de una obra que promete dinamizar la economía del Urabá con una inversión de 672 millones de dólares y la reducción de tiempos logísticos hacia el Caribe.Mientras se convocan audiencias públicas para despejar dudas ambientales y la Agencia Nacional de Tierras revisa los pleitos por baldíos, Tamayo insiste en que su decisión fue técnica y transparente. “Uno supondría que quienes dicen querer desarrollo para la región respaldarían el proyecto; sin embargo, lo que veo son esfuerzos para hundirlo”, concluyó.