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En medio de la violencia en contra de policías y de funcionarios de la alcaldía de Bogotá, crece la controversia en torno a la posibilidad de que el presidente de la República reciba facultades extraordinarias para indultar a personas condenadas por delitos relacionados con la protesta social.
Se trata de tres artículos incluidos en la prórroga de la ley de orden público, dos de ellos diseñados para facilitar la libertad de presos y condenados por violencia contra servidores públicos,destrucción de buses y estaciones de sistemas de transporte masivo, entre otros.
Desde el Pacto Histórico algunas voces han defendido las facultades extraordinarias que se le darían al presidente, pues consideran que se trata de una promesa de campaña que se debe cumplir, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de sus congresistas como Gustavo Bolívar, fueron auspiciadores de la llamada Primera Línea.
Sin embargo, muchas voces, incluso de congresistas de partidos de gobierno criticaron los dos “articulitos”, pues consideran que buscan garantizar impunidad para quienes entre otras cosas, destruyeron varios Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía, causaron heridas a uniformados y generaron una caótica situación desde 2019 en varias ciudades del país.
Aunque la discusión sobre este tema se aplazó para la próxima semana, sectores políticos afines al presidente Petro dijeron que insistirán en la necesidad de que se aprueben esos artículos, pero la verdad es que hoy pareciera que el gobierno no cuenta con los votos suficientes.
Pese a que el presidente Petro anoche lamentó el nivel de abandono de los indígenas embera, algo que es inaceptable y es urgente que se mejoren sus condiciones, lo cierto es que nada justifica la violencia, que campea en medio de los ataques a la institucionalidad.
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