Situación jurídica de Sandra Ortiz definirá el futuro del escándalo de corrupción en UNGRD

Este miércoles será un día clave para el futuro del proceso penal que adelanta la justicia por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.Hoy la juez tercera de Control de Garantías de Bogotá definirá si Sandra Ortiz, quien ocupó el cargo de alta consejera presidencial para las Regiones hasta el pasado tres de mayo, es enviada o no a la cárcel El Buen Pastor, porque según la Fiscalía, habría sido la encargada de transportar y entregar tres mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, entre el 12 y el 13 de octubre del año pasado.La Fiscalía tiene en su poder los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, fotos, facturas y el rastreo de teléfonos celulares y ubicación satelital de vehículos blindados, con los cuales considera que podría llevar a que Ortiz Nova, del partido Alianza Verde, sea condenada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.Sin embargo, durante la etapa previa al juicio y antes de una eventual condena, la Fiscalía seguirá buscando que Sandra Ortiz acepte colaborar con la justicia, para que delate a sus cómplices y confiese quién le dio la orden para entregar el dinero en efectivo al Senador Name, sobre todo para confirmar o desvirtuar lo dicho bajo juramento por Olmedo López y Sneyder Pinilla, en el sentido de que la persona que habría dado las instrucciones para la entrega de maletas llenas de efectivo a los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, supuestamente a cambio de que favorecieran al Gobierno en el Congreso, habría sido el entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González.A propósito, la Fiscalía termina el año con críticas a su modesta actuación penal frente a los exfuncionarios de la Casa de Nariño mencionados en el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo: a pesar de que desde junio, tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla han entregado testimonios y documentos que involucran en la operación ilegal a Carlos Ramón González, al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco y al exdirector de la Función Pública César Manrique, seis meses después ninguno de ellos ha sido llamado ni siquiera a entrevista para que entregue su versión sobre las acusaciones en su contra.Hoy el efecto político directo del escándalo de corrupción que salpica al Gobierno del presidente Gustavo Petro podría pasarle factura en el trámite de los proyectos que busca impulsar en el Congreso: la Reforma Tributaria está ad portas de hundirse, la misma suerte puede correr la reforma a la salud.