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La Corte Suprema de Justicia realizó una inspección en las oficinas del Congreso de la representante a la Cámara Karen Manrique. El objetivo principal era encontrar pruebas clave que podrían fortalecer la investigación que avanza contra varios congresistas involucrados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el interés de la Corte se centró en obtener muestras de la letra manuscrita de Manrique. Estas serán comparadas con los escritos encontrados en la libreta de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en la que aparecen nombres de congresistas presuntamente beneficiados con millonarios contratos de la entidad.
El magistrado Misael Rodríguez, encargado de la investigación, busca determinar si la congresista Manrique es la autora de los listados que mencionan a Wadith Manzur, Liliana Bittar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz. Según López, estos congresistas habrían recibido contratos a cambio de favorecer decisiones relacionadas con créditos públicos necesarios para la nación. Según las declaraciones que ha entregado bajo reserva al alto tribunal Olmedo López.
Recientemente, Manrique compareció ante la Corte para rendir indagatoria. Sin embargo, optó por guardar silencio, aunque solicitó que Olmedo López sea citado nuevamente a declarar. La defensa de la congresista argumenta que es necesario acceder a las declaraciones del exfuncionario para confrontar su versión.
La inspección ordenada por el magistrado incluyó una revisión detallada de documentos personales de Manrique, como su hoja de vida y una proposición en la que solicitaba retirarse de la Comisión de la Mujer. Todo esto forma parte de una prueba grafológica que busca confirmar o descartar la conexión entre Manrique y las anotaciones incriminatorias en la página 20 y 21; como lo expresó el exdirector Olmedo López en un interrogatorio en la Fiscalía.
Cabe recordar que los contratos en cuestión, valorados en más de 92.000 millones de pesos en Bolívar, Córdoba y Arauca, habrían sido utilizados como herramienta para influir en las decisiones de al menos seis congresistas de la Comisión de Crédito Público.
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