En menos de dos semanas se definirá la suerte del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien ya completa ocho días detenido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota bajo las más estrictas medidas de seguridad.
Pese a que Mancuso ganó una importante batalla jurídica este lunes con una orden de libertad emitida por un juzgado de ejecución de penas adscrito al Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, los abogados de quien fuera el máximo cabecilla de las autodefensas se preparan para un escenario en el que tendrán que afrontar por lo menos otras dos diligencias judiciales:
La primera se adelantará este miércoles ante el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, en la que los magistrados estudiarán si la designación de Mancuso como “gestor de paz” por parte del presidente Gustavo Petro le concede beneficios como su eventual excarcelación.
La segunda y definitiva audiencia para definir si Salvatore Mancuso queda en libertad se realizará el próximo 15 de marzo ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en la que se tendrá que definir una solicitud de libertad del exjefe paramilitar, teniendo en cuenta una tutela que le concedió la Corte Constitucional, en la que le ordenó al magistrado, definir la petición respetando el “debido proceso”.
Si Salvatore Mancuso logra superar los dos escollos jurídicos que le quedan, estaría ad portas de quedar en libertad condicional, tras haber permanecido 18 años detenido, 2 en Colombia y 16 en Estados Unidos.
Una eventual libertad de Salvatore Mancuso abre varias discusiones, inicialmente desde la mirada de las víctimas de los más de 40 mil delitos que cometió el excabecilla de las AUC, que consideran que no ha realizado una reparación efectiva por el daño causado.
Por otra parte, todavía no hay claridad sobre cuáles serán las funciones que Mancuso desempeñará como “gestor de paz” del gobierno del Presidente Petro, sobre todo frente a lo que significa el cierre del proceso de Ralito, algo que no se entiende con claridad, sobre sus alcances, sus consecuencias y cuál sería el camino jurídico para sacarlo adelante, teniendo en cuenta que los exjefes paramilitares ya tuvieron su proceso de justicia transicional al amparo de la Ley de Justicia y Paz.
Para concluir, quedan las dudas sobre dos asuntos: si los señalamientos de Salvatore Mancuso serán utilizados como herramienta de ataque político contra los opositores del Gobierno del presidente Gustavo Petro y de qué manera el Estado va a garantizar la seguridad del exjefe paramilitar, una vez quede en libertad.
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