Siete años después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, sigue generando controversia el papel de la Jurisdicción Especial de Paz, mecanismo creado con el fin de hacer un cierre del conflicto armado, sacrificando una parte de justicia en aras de la verdad y de la reparación para las víctimas.
El episodio más reciente que demuestra que las heridas en torno al acuerdo de paz y el triunfo del No en el plebiscito, siguen abiertas, lo protagonizaron el expresidente Álvaro Uribe y algunos de los que fueron negociadores del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por cuenta del cambio de posición que tuvo el general Henry William Torres Escalante, reconociendo su responsabilidad en el asesinato de civiles dentro del doloroso episodio de los falsos positivos.
El expresidente Álvaro Uribe ha respondido primero por medio de un video y después, por medio de sus redes sociales, ante la solicitud que le hizo el presidente de la JEP, Roberto Vidal, para que comparezca en calidad de testigo en torno a los hechos que rodearon el conflicto armado durante su mandato, en particular en relación con los falsos positivos.
Uribe respondió que enviará a laJEP la declaración que hizo en su momento ante el padre Francisco De Roux en la Comisión de la Verdad y agrega que él no reconoce a la Jurisdicción Especial de Paz porque dice que “ambas fueron impuestas por Farc, Cuba y Venezuela, rechazadas en el plebiscito”.
Uribe además recordó una entrevista concedida en el 2019 por el general Torres Escalante a Noticias Caracol en la que de manera tajante negó cualquier responsabilidad en el escándalo de los falsos positivos, posición diametralmente opuesta a la que tuvo esta semana en Yopal.
El exjefe negociador Humberto De La Calle le respondió que no es cierto que la JEP haya sido impuesta por Cuba o Venezuela y recordó que durante las negociaciones de paz, las Farc pretendían una amnistía general, que nunca se concedió entre otras cosas porque iría en contra del Estatuto de Roma.
Siete años después, es el momento de superar viejas heridas, la JEP tiene plena legitimidad, debe ser reconocida por todos los colombianos y a su vez, esa jurisdicción debe entregar plenas garantías de imparcialidad en torno a las sanciones para los máximos responsables de los más duros episodios del conflicto armado, sin importar si son militares o guerrilleros.
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