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La JEP empezará a investigar posibles responsabilidades a nivel nacional en las ejecuciones extrajudiciales, pues hasta el momento, en el caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz la investigación de los falsos positivos se ha hecho priorizando algunas zonas del país, como Dabeiba, el Catatumbo, Meta, la costa Caribe y Huila, entre otros.
En estas zonas del país, la JEP ha encontrado algunos patrones en las ejecuciones extrajudiciales; es decir que, por ejemplo, los casos de falsos positivos registrados en una zona del país contaron con los mismos incentivos de los comandantes en otra región del país y por eso ahora la justicia transicional quiere investigar hasta qué punto hubo información y responsabilidad en estos casos.
Después de que los magistrados revelaran esta nueva fase de investigación un grupo de víctimas entregó algunas observaciones a la JEP, primero piden que se identifiquen las acciones y omisiones que estimularon, fomentaron y/o permitieron los falsos positivos. Explican además que, aunque se busca hallar responsabilidades en altos mando no se debe dejar de lado la investigación de los mandos medios.
Por otro lado, piden una participación más activa de las víctimas, por ejemplo, en el diseño de la metodología de investigación, e incluso plantean la idea de que, en la medida que sea posible, las audiencias se puedan realizar públicamente para que se conozca la verdad de lo sucedido con las ejecuciones extrajudiciales.
"Aunque para estas Representaciones es de muy buen recibo la implementación de la fase de instrucción nacional, y se es consciente de sus fundamentos, se ha de tener en cuenta que las acciones de justicia restaurativa deben estar guiadas en pro del deber de materializar y garantizar en integridad los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, entre otros" dice el documento.
En este documento también le hacen una solicitud a los magistrados que investigan el caso para que llame al expresidente Juan Manuel Santos, como testigo, y entregue la información que pueda tener sobre estos casos, teniendo en cuenta que fue ministro de Defensa, desde el 2006 hasta el 2009.
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Por último, los representantes de las víctimas también solicitaron que sean llamados el exministro de Defensa, durante los años 2005 y 2006, Camilo Ospina. Ospina expidió la directiva 29 de 2005, la cual contenía recompensas al interior de las Fuerzas Militares por el abatimiento o captura de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley.
La solicitud también es para que el general en retiro Freddy Padilla de León, excomandante de las Fuerzas Militares, y al general en retiro Carlos Ospina, también excomandante de las Fuerzas Militares.
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