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La crisis más grave que ha afrontado la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro es la que se vive por cuenta del enfrentamiento entre grupos armados ilegales que han causado graves violaciones a los Derechos Humanos principalmente en el Catatumbo y en el departamento de Caquetá.
Tras la matanza de entre 60 y 80 personas en siete municipios del Catatumbo nortesantandereano, en la frontera entre Colombia y Venezuela, quedan heridos de muerte los diálogos de paz con el ELN, que en la actualidad no tienen ningún respaldo en la sociedad colombiana. Hoy no hay sustento para que continúen las negociaciones de paz con ese grupo delincuencial, que pareciera envalentonado militarmente tras la consolidación de la dictadura de Nicolás Maduro.
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No tendría mucha presentación que el Gobierno del Presidente Gustavo Petro regresara a la mesa de negociaciones con los elenos, a quienes acusa de estar cometiendo crímenes de guerra, asesinando civiles indefensos, ocasionando una de las más graves crisis humanitarias de los últimos tiempos, con más de 11 mil personas desplazadas forzosamente.
Llama la atención que el grupo al que se enfrenta el ELN en el Catatumbo son las disidencias del Frente 33 de las Farc, al mando de alias 'Calarcá' y alias 'Andrey', responsables hace años de varios intentos para matar al entonces presidente Iván Duque, y que en teoría también está en negociaciones de paz con el Gobierno Nacional.
La otra arista de la crisis se vive en el sur del país, en zona rural del departamento de Caquetá, antiguo santuario de las Farc, en donde más de 20 personas han muerto en medio de combates entre las disidencias de alias 'Iván Mordisco' y las disidencias de alias 'Calarcá'.
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Hoy es claro que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han fortalecido los grupos criminales y uno de los errores crasos de la política de paz total fue haberle entregado estatus político a grupos delincuenciales que fundamentalmente están dedicados a las rentas ilícitas y no haber diseñado una estrategia para enlazar los procesos de paz, para evitar el preocupante escenario actual: pese a que hay mesas de negociación separadas, la guerra se recrudece entre bandas criminales.
Para intentar enmendar la plana, el gobierno del presidente Gustavo Petro evalúa medidas extraordinarias como la declaratoria de conmoción interior o la emergencia económica para el Catatumbo, medidas que podrían eventualmente “caerse” en la Corte Constitucional, porque dolorosamente no son hechos extraordinarios ni sobrevinientes: desde noviembre del año pasado, tanto la Defensoría del Pueblo como otros organismos humanitarios y alcaldes y gobernadores habían advertido que era inminente el baño de sangre que afrontan los habitantes de la frontera. Lamentablemente el Gobierno no hizo absolutamente nada.
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