¿Hubo "cónclave" de funcionarios del Gobierno para ordenar entrega de "coimas" a congresistas?

Hoy amanece detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, el expresidente del Senado Iván Name, capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia, por haber recibido presuntamente tres mil millones de pesos en efectivo de manos de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, a cambio de apoyar en el Congreso, el trámite de la reforma pensional y de la reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro.La misma suerte debe correr en las próximas horas el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quien habría recibido mil millones de pesos de la corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, por lo que la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento en contra de los dos dirigentes políticos por los delitos de cohecho y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.A propósito, en las últimas horas se conoció el sustento de la decisión de la Corte Suprema para enviar a la cárcel a los anteriores presidentes de Senado y Cámara, que tiene como sustento las declaraciones de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes relataron con detalles de circunstancias de modo, tiempo y lugar, la forma en la que se hizo la entrega del dinero a cada uno de ellos, por decisión de lo que llamaron el “cónclave”, o reunión de funcionarios del gobierno del Presidente Gustavo Petro, para “aceitar” el trámite de las reformas sociales en el Congreso.Dice la Corte que en el entramado criminal de la Unidad de Gestión de Riesgo, “tales circunstancias, examinadas dentro de la pequeña historia del proceso, muestra la muy probable participación de funcionarios del Gobierno Nacional como enlace para sobornar a legisladores, en procura de conseguir apoyo a sus iniciativas legislativas, y de alguna manera comprar la gobernabilidad del Congreso”.La providencia del alto tribunal señala que “Olmedo de Jesús López Martínez suministra algunos datos que sugieren la existencia de un colectivo o cónclave del cual habrían hecho parte altos funcionarios del gobierno nacional, que surgió para el segundo semestre de 2023, y se mantuvo hasta inicios de 2024. Este lo integraban, según sus afirmaciones, el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves, el director del DAPRE, Carlos Ramón González Merchán, la Consejera para las Regiones, y Sandra Liliana Ortiz Nova, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González.Así, en su testimonio López Martínez, al menos sugiere, que del reseñado colectivo emanó la orden de utilizar dineros y contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para sobornar congresistas, y lograr de esta manera que estos apoyaran el trámite y aprobación de proyectos de Ley de interés para el ejecutivo nacional, como el de reforma al Sistema Pensional, o el que introducía ajustes y modificaciones al Sistema de Salud.La otra parte de la historia relacionada con el escándalo de Gestión de Riesgo está relacionada con la imputación de cargos contra María Alejandra Benavides, quien fuera asesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en lo que significa el preludio de una posible colaboración de Benavides con la Fiscalía, que abriría la puerta a nuevas imputaciones, incluso contra altos funcionarios del gobierno del Presidente Gustavo Petro, por el escándalo de corrupción en la UNGRD.