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El gobierno del presidente Gustavo Petro afronta horas difíciles para sacar adelante en el Congreso, las reformas sociales a las que se comprometió desde la campaña.
La reforma política está agonizando, luego de que sectores políticos opositores e incluso de la coalición de gobierno, denunciaran al menos cuatro “micos”, relacionados con puertas giratorias y con la reelección ventajosa de los actuales congresistas.
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Ayer, en una hábil maniobra, el presidente del Senado y el ministro del Interior lograron evitar el hundimiento de la reforma, pero lo cierto es que hoy se está agotando el “oxígeno” al proyecto, que busca en teoría, mayores garantías políticas para todos los sectores.
En el caso de la enredada discusión del Plan Nacional de Desarrollo, todos los días se conocen nuevas voces que advierten sobre redacciones confusas o excesivas facultades extraordinarias para el Presidente de la República.
Aunque en el caso del Plan de Desarrollo, la discusión ha avanzado ya con la aprobación en bloque de una cantidad importante de artículos en el Congreso, se siguen escuchando advertencias desde el despacho del Fiscal General y de la Procuradora, sobre la posibilidad de que la falta de rigor y de control en la contratación bajo la modalidad de las llamadas “asociaciones público populares”, termine abriendo la puerta para la corrupción y el desgreño istrativo.
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Capítulo aparte merece la reforma a la salud, que hoy está muy en veremos, porque no ha sido posible compaginar el texto de la ministra Carolina Corcho con el proyecto de los partidos Conservador, Liberal y de la U, lo cual mantiene empantanada la posibilidad de que se presente una ponencia con las modificaciones acordadas con el Presidente Gustavo Petro.
Para completar, apenas empiezan las discusiones en torno a la reforma laboral, que tiene voces críticas desde los sectores de empresarios, comerciantes y emprendedores y la reforma pensional, sobre la que tanques de pensamiento como Anif advierten que llevaría a que se multiplicara el déficit por cuenta de la deuda para el pago de la jubilación de los colombianos, de cara al 2070.
Escuche aquí la opinión de Ricardo Ospina:
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