El expresidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, se reunieron este jueves con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que manifestaron "varias preocupaciones" sobre el país, como la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la política de "paz total" del Gobierno.
"Sobre el proceso de paz de La Habana y los resultados que hoy se evidencian y la política de paz total, expresamos la preocupación por lo que viene sucediendo en el país con el debilitamiento de la fuerza pública, el fortalecimiento del control por parte de las estructuras criminales y el avance de delitos de mayor impacto", dijo la senadora Paola Holguín en una rueda de prensa.
Holguín mencionó cifras de secuestro y de reclutamiento forzoso de menores, especialmente de comunidades indígenas, así como "la preocupación por la confrontación que desde el Ejecutivo se viene dando contra la anterior Fiscalía, las Cortes, la Procuraduría y la estigmatización del Congreso cuando hay desacuerdo en las votaciones".
Los del Centro Democrático no dieron más detalles de la reunión porque la CIDH les pidió confidencialidad, aunque el exmandatario precisó que la delegación no dijo nada y solo los escuchó.
Uribe aprovechó el espacio, y la petición de confidencialidad de la CIDH sobre el encuentro, para volver a insistir en su inocencia en el caso en su contra de soborno de testigos y fraude procesal y repasar todas las pruebas que, según él, demostrarían que se trata de un montaje político en su contra.
También detalló que le entregó un dossier con toda la información a la delegación de la CIDH, que se encuentra en Colombia en una visita a petición del Estado que arrancó el lunes 15 de abril y finaliza este viernes y que han aprovechado para reunirse con diversos sectores de la sociedad civil y política colombiana así como con instituciones estatales.
El caso Uribe
La Fiscalía anunció la semana pasada que Uribe será llamado a juicio por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal.
Este caso se remonta a 2012 cuando el expresidente colombiano demandó por supuesta manipulación de testigos a Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso a Uribe por manipulación de testigos.
La acusación por soborno tiene que ver con el presunto pago de coimas a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, quienes están presos en las cárceles de Palmira y La Picota en Bogotá, respectivamente.
Desde que se anunció la decisión de la Fiscalía, Uribe ha insistido en diversas ocasiones en el supuesto "montaje político" que según él representa este caso, y el lunes acusó a Cepeda de ser él quien sobornó a Monsalve.
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