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En entrevista con Mañanas Blu, César Lorduy, presidente delConsejo Nacional Electoral (CNE), se refirió a la formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro, su campaña presidencial y varios clave del equipo de campaña, entre ellos su gerente, Ricardo Roa. Los cargos, que giran en torno a la presunta violación de los topes de financiación permitidos por la ley en la campaña presidencial de 2022, han generado un fuerte debate en la esfera pública y jurídica.
Uno de los puntos clave de la entrevista fue la preocupación sobre si la apertura de esta investigación por parte del CNE vulnera el fuero del jefe de Estado.
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Al respecto, Lorduy fue enfático al explicar que su actuar está dentro de los límites que establece la ley y la Constitución y dijo, además, que la decisión tiene el respaldo de diversas jurisprudencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
"Nosotros ejercemos competencia y en ejercicio de esa competencia hemos actuado", aseguró el presidente del CNE.
Lorduy aclaró que la investigación no compromete la función del presidente como jefe de Estado, sino que se limita a la campaña electoral.
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“No se confunda que al incluir al presidente de la República nuestras competencias pueden ir más allá de las que nos corresponden”, afirmó tras dejar claro que cualquier posible implicación penal o disciplinaria sería remitida a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el órgano encargado de investigar al mandatario en ejercicio.
Un tema recurrente en la entrevista fue la interpretación jurídica sobre la competencia del CNE para investigar a un presidente en ejercicio.
Algunos juristas han señalado la existencia de un "fuero de atracción" que obligaría a que cualquier investigación sobre el mandatario se trasladara de inmediato a la Comisión de Acusaciones.
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No obstante, Lorduy defendió la posición del CNE argumentando que "el Consejo de Estado determinó que el Consejo Nacional Electoral es el organismo competente para investigar las campañas y para establecer las sanciones a que hubiera lugar". Según sus palabras, la investigación se centra exclusivamente en las finanzas de la campaña de Gustavo Petro como candidato, sin interferir en su actual rol como presidente.
Al citar una decisión clave del Consejo de Estado, Lorduy reafirmó que el CNE está autorizado para llevar adelante la investigación sobre las irregularidades en la financiación de la campaña de 2022.
"Declarar competente al Consejo Nacional Electoral para continuar la investigación istrativa por las presuntas irregularidades en la financiación e imponer las sanciones istrativas correspondientes si a ello hay lugar", leyó el presidente del CNE durante la entrevista.
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Respecto a las posibles sanciones, César Lorduy señaló que, en caso de encontrarse responsables a los involucrados, las multas serían proporcionales a los gastos que excedieron los topes de financiación y a los recursos públicos que fueron utilizados en la reposición de votos. Además, el CNE tiene la facultad de imponer sanciones istrativas, pero en ningún caso puede intervenir en procesos de carácter penal o disciplinario.
“La multa podrá ser en función de los gastos que se hayan incurrido y que estén con posterioridad a los topes establecidos por la ley”, explicó.
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A la pregunta sobre la posibilidad de compulsar copias a la Comisión de Acusaciones, Lorduy afirmó que, si se demostraran las violaciones, esa sería la ruta por seguir.
"Es nuestra obligación, si hubiere lugar a ello, compulsarle copias a la Comisión de Acusaciones", dijo.
La investigación debe concluir antes de junio de 2025, fecha en la cual caducan las presuntas irregularidades istrativas, lo que significa que aún queda un largo camino antes de conocer una decisión definitiva.
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Tras la decisión del CNE, el presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente, calificando la decisión como una burla al voto popular y señalando a los magistrados como "politiqueros pagos". Frente a estas declaraciones, Lorduy defendió la integridad del proceso y la honorabilidad de los magistrados del CNE y dijo que las decisiones se toman con base en pruebas y no en consideraciones políticas.
"Bastante lejos está de que haya un comportamiento o un argumento de carácter político", subrayó.
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Finalmente, aunque Lorduy evitó entrar en especulaciones sobre las posibles implicaciones políticas de esta decisión, reconoció que el escenario político puede verse afectado.
"Las consecuencias políticas serán o deberán ser evaluadas por otro actor", afirmó.
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