LaProcuraduría General de la Nación le solicitó al Ministerio del Interior brindar todas las garantías necesarias a 12 alcaldes de siete departamentos, que están ejerciendo sus labores por fuera de sus municipios por amenazas de grupos armados al margen de la ley para que retornen a sus lugares de origen.
El ente de control le pidió de manera urgente al Gobierno nacionalun reporte detallado sobre las acciones adelantadas y las que se tienen dispuestas para abordar esta problemática en el país; el plan de acción con las medidas específicas que se implementarán para garantizar la seguridad de los funcionarios amenazados y el mecanismo de interacción con las gobernaciones, alcaldías y otras entidades que se encargan de la seguridad en estos puntos afectados por el orden público.
La Procuraduría recordó que el pasado 10 de junio puso en conocimiento de Ministerio del Interior, el informe en materia de seguridad y convivencia ciudadana, en el cual se evidenció la necesidad de coordinar con las autoridades territoriales y las entidades del nivel nacional, para implementar un plan de atención que contemple estrategias de seguridad, fortalecimiento institucional y coordinación interinstitucional para hacer frente a la grave situación que enfrentan los funcionarios y las comunidades en riesgo.
El ente de control se unió al llamado de la Defensoría del Pueblo donde alertó que los alcaldes de Puerto Guzmán, Putumayo; Cartagena del Chairá, Caquetá; Magüí Payán, Nariño; Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar, Chocó; El Bagre y Tarazá, Antioquia; Villeta, Cundinamarca, y Tibú y La Playa, Norte de Santander; quienes despachan desde otras jurisdicciones.
“Se le solicitó al Ministerio del Interior que estableciera un plan de acción inmediato con las medidas de protección diferenciadas que permitan a estos alcaldes regresar a sus territorios y restablecer así la gobernanza y la gobernabilidad territorial”, explicó la delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial de la Procuraduría General, Tatiana Oñate.
Según la funcionaria el Ministerio Público desplegó un acompañamiento y seguimiento preventivo a la problemática en materia de seguridad y convivencia ciudadana, por medio de una estrategia preventiva de seguridad integral con diferentes entidades, orientada a generar alternativas para mitigar los fenómenos de violencia y criminalidad que tienen en el territorio nacional.
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