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Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, reveló en primicia la carta de siete páginas firmada por Ana María Vesga, presidenta de Acemi, en la que recopila varios puntos dirigidos al Ministerio de Salud sobre el actual sistema de salud y en la que enfatizan que "no hay otra alternativa para las EPS que el retiro voluntario del sistema", como recién ocurrió con Sura.
Este documento es una advertencia sobre el riesgo financiero y la desaparición del actual sistema de aseguramiento de salud en Colombia bajo las actuales condiciones del sistema preventivo de salud que implementa el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“En la situación actual, las EPS, sin solución al desfinanciamiento de la UPC y de los presupuestos máximos, sin posibilidad legal de ser relevadas de su responsabilidad sobre el riesgo financiero, aumentando mes a mes sus pérdidas y por tanto incumpliendo indicadores que seguramente darán lugar a intervención por la Superintendencia Nacional de Salud, no tienen camino para su transformación en Gestoras, ni para continuar en el sistema bajo las condiciones actuales exigibles a las EPS. El retiro voluntario que ha sido la última alternativa considerada y la menos deseable, se materializa como la única opción posible”, dice la carta.
El gremio que agrupa a las EPS privadas expresa tres preocupaciones en el documento enviado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
"Primero, por el sentido de urgencia que tiene el mismo, dada la profunda crisis financiera que atraviesa el sector y que pone en peligro de intervención a la mayoría de las EPS. La segunda sobre su pertinencia, en el sentido de que se quiera asimilar un ejercicio “computacional” a la determinación de la suficiencia de una prima de riesgo, que se trata de un ejercicio técnico mucho más complejo que comprende la modelación estadística y econométrica del gasto en salud. Tercero, a lo anterior se suma el desconocimiento y desconfianza en los registros contables reportados por las EPS y debidamente auditados por revisores fiscales. Esta desconfianza en documentos que gozan de presunción de legalidad trata de corregirse acudiendo a un intento de reconstrucción contable, que además de conllevar un desgaste importante de tiempo y recursos constituye una talanquera en la búsqueda de soluciones reales y prontas a la situación que atraviesa el sector y que pone en peligro la salud y vida de millones de colombianos”, advierte la misiva.
La magnitud de esta solicitud comprendería entre 500 y 600 millones de facturas o su equivalente de 4.000 millones de ítems o servicios prestados y entre 3.000 y 4.000 millones de folios adicionales de soportes. La labor encomendada a las EPS podría superar en algunos casos varios meses y en el caso de algunas EPS semestres enteros. Sin embargo, los plazos estipulados en el requerimiento no superan las dos semanas
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En la carta el gremio de las EPS del régimen contributivo le plantea al Gobierno una alternativa para dar prioridad a la solución de la crisis financiera con un paquete de medidas de corto plazo que permitan dar sostenibilidad al sistema y “no poner en riesgo la prestación y la calidad del servicio de salud de los colombianos”.
“Creemos entonces que un ejercicio técnicamente viable sería el de permitir que las EPS cuyo indicador de consistencia financiera se encuentre en el 80 % y el 90 %, puedan subsanar los registros que no fueron considerados para el cálculo del 2024. Algo parecido podría aplicarse para las cuatro EPS que fueron consideradas en el ejercicio, pero perdieron también un número importante de registros y de costos y aún para quienes tuvieron una desviación del costo medio reportado y que hoy pueden justificarse por problemas en los estándares de reporte. Este ejercicio podría realizarse en un periodo máximo de 45 días”, detalla el documento.
Aquí la carta:
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