La Contraloría General de la República realizó seguimiento a las políticas de sustitución de energías fósiles por las de menores emisiones, proceso promovido desde la expedición de la ley 1715 de 2014 de integración de energías renovables no convencionales y ampliada por la ley 2099 de 2021 sobre latransición energética.
Dentro de los logros, se destacó el avance normativo y regulatorio para la diversificación de la generación de energía eléctrica mediante fuentes no convencionales que permitieron la inclusión de proyectos nuevos eólicos y solares con energía comprometida en las subastas de 2019 y 2021.
Por eso, la Contraloría General de la República realizó un llamado sobre las inquietudes, consecuencias o responsabilidades que se pueden desprender de la puesta en marcha de políticas que terminen afectando el patrimonio fiscal de la nación y de los colombianos.
El país enfrenta el reto de dos objetivos: el primero, dejar de depender de manera significativa de la producción petróleo, carbón, entre otros commodities, que por su naturaleza tienen cotizaciones muy volátiles y sobre las cuales tiene poca relación en los mercados internacionales, además de su limitada capacidad de generar valor agregado.
Algo que implicaría recomponer la productividad nacional para impulsar sectores con mayor complejidad, de valor agregado y con amplia demanda en los mercados, que conlleve a un sistema económico resistente a las coyunturas negativas internas y externas, generando empleos estables y de calidad con la capacidad de diversificar la canasta exportadora.
Mientras que, el segundo objetivo está relacionado con el avance del país en el uso de energías más limpias, el cual es pertinente hacerlo de manera segura para minimizar los efectos sobre las variables económicas como la inversión, el empleo, las finanzas públicas, la competitividad, la inflación, para garantizar la seguridad energética.
La transición no es un tema lineal, pues no se trata simplemente de reemplazar una energía por otra, sino de analizar factores importantes como la infraestructura de producción almacenamiento y transporte, potencia y disponibilidad de los energéticos, al igual que los efectos fiscales.
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