Luego de que la reforma laboral impulsada por el Gobierno fuera rechazada en la Comisión Séptima del Senado, varios representantes cercanos al Ejecutivo han comenzado a presentar proyectos individuales para rescatar puntos clave que estaban contemplados en esa reforma. La jugada busca, en última instancia, asegurar la aprobación de aspectos fundamentales que no lograron avanzar como parte del paquete original.
Uno de los puntos más destacados es el de la licencia menstrual, que ya fue aprobado en primer debate por la Comisión Séptima. Este proyecto pretende otorgar una incapacidad laboral para las mujeres que sufran dolores menstruales severos, de manera que no se vean obligadas a asistir al trabajo durante esos días.
Este tipo de medidas forma parte de un conjunto de propuestas que buscan atender las necesidades específicas de las trabajadoras y mejorar las condiciones laborales para sectores históricamente desatendidos.
Este punto en especial generó bastante polémica debido a que muchos sectores argumentaban que esto iba a generar que las empresas contrataran menos mujeres y que en muchos casos estos permisos se usaran de manera desmedida causando un costo para los empleadores. Sin embargo, defensores como la representante María Fernanda Carrascal afirmaban que dichas incapacidades solo podrían ser dadas por un médico a mujeres que certificaran tener una condición como la endometriosis.
En línea con la reforma original, se habló durante su discusión en la Cámara de Representes de tomar acciones alrededor de la comunidad médica del país. En ese sentido, otro de los proyectos que ha ganado terreno es el que busca reducir las jornadas laborales extensas para médicos residentes.
Esta iniciativa tiene como objetivo principal contribuir a la salud mental de los profesionales de la salud, quienes frecuentemente enfrentan jornadas extenuantes que impactan tanto su bienestar personal como la calidad del servicio que prestan. Con la aprobación de esta medida, se busca crear un entorno más saludable para los trabajadores de la salud.
Además, se ha presentado un proyecto destinado a la formalización de las madres comunitarias, otro de los pilares de la fallida reforma. Este proyecto busca evitar la tercerización en el cuidado infantil y propone vincular laboralmente a las madres comunitarias, las madres sustitutas y a los trabajadores de los hogares infantiles. De esta manera, se busca garantizar que estos trabajadores reciban los derechos laborales adecuados, así como un salario por su labor fundamental en la atención y protección de los niños más pequeños.
En el artículo 80 de la reforma, que ahora está siendo promovido de forma separada, se hablaba de formalizar a los cuidadores de la primera infancia.
Estos proyectos, aunque presentados por separado, reflejan el empeño del Gobierno por no perder los avances de su reforma laboral. Con esta estrategia, se espera que aspectos fundamentales del proyecto original sean aprobados de manera individual, sin la necesidad de pasar por el largo y complejo proceso legislativo que acompañaba a la reforma en su totalidad.
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