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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le concedió la renuncia a la persecución penal a 11 militares, que pertenecieron al batallón La Popa con sede en Valledupar, y aportaron verdad en dos casos de falsos positivos, uno de ellos es el de una niña del Pueblo Wiwa.
“El hecho puntual que involucra a los comparecientes no hallados máximos responsables en este proceso de la ruta no sancionatoria corresponde a los asesinatos de Nohemí Esther Pacheco Zábata, una niña Wiwa de 13 años, y Hermes Enrique Carrillo Arias, un joven Kankuamo de 23 años. Ambos fueron presentados como falsas bajas en combate por integrantes de la patrulla ‘Dinamarca Uno’ del batallón La Popa. Los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2005, en la vía que conecta el sector El Mojao con la vereda El Pontón, en el corregimiento de Atanquez, territorio del Resguardo Kankuamo, en Valledupar”, explicó la JEP.
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Los comparecientes aportaron verdad plena en estos casos y reconocieron su responsabilidad, por eso pueden acceder al beneficio y ahora se les eliminarán sus antecedentes judiciales. Además, participaron en un proceso de reparación a las víctimas. Uno de los militares aún se encuentra activo en el Ejército.
“Los beneficiarios de esta medida son: teniente Omar Eduardo Vaquiro Benítez; el cabo primero Boris Alejandro Serna Mosquera; los soldados profesionales Deimer Cárdenas Martínez y Ronal Enrique Acuña Díaz; y los soldados regulares Analdo Enrique Fuentes Estrada, Alejandro Angulo Acensio, Fredis Alberto Díaz Romero, Miguel Ángel Molina Díaz, Richard Alberto Campo Tonso, Luis Manuel Brito Camarillo y Emel Emiro Almanza Meza, actualmente retirados del Ejército, a excepción del soldado Acuña Díaz, quien aún está activo”, agregó la JEP.
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