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La JEP citó al antiguo secretariado de las Farc y a entidades del Gobierno a una audiencia pública de verificación los días 9 y 10 de julio del 2025. En esta diligencia, se verificará que los excomandantes de la extinta guerrilla hayan aportado verdad y si se cumplieron los parámetros de reconocimiento esperados por la justicia y las víctimas, especialmente en el caso de secuestro.
También se hablará sobre los proyectos de sanción que cumplirían los comparecientes y que ya fueron discutidos en mesas técnicas en la que hubo participación de varias entidades del Estado.
En la diligencia van a participar la oficina asesora de justicia restaurativa, la oficina asesora de estructuración de proyectos, la oficina asesora de monitoreo integral; y, iv) oficina asesora de memoria institucional.
"Lo anterior con el fin de facilitar el desarrollo logístico, istrativo y restaurativo de la audiencia, como también: i) apoyará la participación efectiva de las víctimas (coordinando sus intervenciones y brindando apoyo psicosocial); ii) brindará respaldo técnico en la presentación y evaluación de los proyectos restaurativos (detallando metas, cronogramas, recursos) y señalará ajustes o riesgos, asegurando que magistrados y partes dispongan de información completa sobre la viabilidad de cada iniciativa; iii) elaborará una matriz de verificación de cada una de las necesidades de los proyectos restaurativos; iv) registrará de manera integral el desarrollo de la diligencia; vi) elaborará piezas memoriales de la audiencia; y, vii) las demás que le señale la Sección o el magistrado ponente", señala la jurisdicción.
En este documento hay una tabla que presenta los proyectos restaurativos planteados hasta el momento y que tiene que ver con cuatro temáticas: búsqueda de personas dadas por desaparecidas, Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), medio ambiente, naturaleza y territorio, y memoria y reparación simbólica.
Sin embargo, Blu Radio también conoció un documento que envió la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, a la JEP. El documento responde a una solicitud que hizo la JEP para que después de las mesas técnicas, esa Unidad presentara un escrito que incluyera, para cada una de las líneas restaurativas priorizadas, un proyecto formulado y estructurado.
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La Unidad de Implementación tuvo que pedirle a diferentes entidades y ministerios información sobre el aporte que harían a los proyectos teniendo en cuenta la competencia de cada entidad y cartera, sin embargo, empezando el documento Cuartas explica que hubo dos dificultades en algunos casos.
"En primer lugar, varias entidades encontraron barreras para definir en su oferta la existencia de proyectos restaurativos en la medida que la planeación que habían desarrollado no tenía este objetivo. Segundo, en esa misma medida, las entidades reportaron de manera constante la ausencia de presupuestos disponibles o destinados a los fines restaurativos de las sanciones propias que impondrá la JEP", dice Cuartas en el documento.
Posteriormente, la directora explica cuáles fueron las respuestas que recibió de los ministerios de Salud, Defensa, Interior, TIC, así como de otras entidades como la Unidad Nacional de Protección y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
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Posteriormente Cuartas empieza a hablar de cada uno de los proyectos, empezando por "Huellas por la memoria", que buscaría la reconstrucción de los relatos de las víctimas de secuestro y la realización de actos con contenido simbólico.
"El objetivo general del proyecto restaurativo es implementar acciones restaurativas que contribuyan a la ampliación de la memoria pública y la apropiación cultural referida a la experiencia de las víctimas de hechos investigados, juzgados y sancionados en el Macrocaso 01 de la JEP", señala Cuartas.
Además, explicó que el Centro Nacional de Memoria Histórica planteó la construcción de un libro, entre comparecientes y víctimas, como parte de una iniciativa de memoria.
El Gobierno pide precisar las víctimas que participarán en las actividades, también que se determine cuáles serán los territorios donde que albergarán los espacios restaurativos y especificar dónde se colocarán las baldosas de la memoria.
Después se hace referencia a la línea restaurativa "Búsqueda de personas dadas por desaparecidas", que según se lee busca "acciones concretas para la búsqueda, localización, sistematización, identificación y dignificación de personas dadas por desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado".
Las entidades deberán aportar, en el marco de sus competencias, a que se logren los objetivos del proyecto, en este caso participarían la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y el Ministerio del Interior.
"De este proyecto se destaca la manifestación de voluntad y capacidad de las entidades responsables con base en su misionalidad. Así mismo, se resalta la solicitud de la ARN, la cual a partir del cuarto objetivo específico de esta mesa propone incluir en la metodología de las otras mesas técnicas un espacio de trabajo interinstitucional que permita a las distintas entidades del Gobierno Nacional comprender con mayor profundidad los procesos que implican dicho objetivo" dice Gloria Cuartas en el documento.
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En la línea restaurativa del medio ambiente busca la protección y recuperación de la cobertura vegetal de la localidad de Sumapaz, en Bogotá creando viveros e impulsando el ecoturismo. Sin embargo, sobre este proyecto el Gobierno hace algunas consideraciones.
"La primera se deriva de las observaciones de las víctimas, quienes advierten que ubicar el proyecto en Sumapaz podría resultar poco conducente a su reparación, toda vez que la mayoría de los hechos investigados en el Macrocaso 01 no ocurrieron allí ni es ese el territorio donde se concentra el grueso de las personas afectadas por las privaciones de la libertad imputadas. La segunda consideración atiende al llamado del Instituto Distrital de Turismo, que subraya la necesidad de realizar una consulta previa con las comunidades locales para determinar la viabilidad de actividades turísticas en la zona, en consonancia con los principios de participación y sostenibilidad", advierte Cuartas.
Ya sobre la línea restaurativa para la Acción Integral contras las Minas Antipersonal, AICMA, busca liberar algunas tierras de estos artefactos explosivos. El Gobierno recomendó que el proyecto se desarrolle en las zonas donde los antiguos del secretariado tenían un control más directo, pero también hubo algunas claridades.
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"Del cotejo entre la información recabada por la Unidad de Implementación y los objetivos definidos en la Mesa Técnica N.º 4 se desprende la necesidad de precisar la viabilidad de incluir, dentro de la oferta estatal, acciones de reconocimiento específico a las víctimas de artefactos explosivos. Aunque es probable que los exintegrantes del Secretariado de las FARC-EP no puedan participar directamente en labores de despeje o desminado, conviene evaluar la posibilidad de que AICMA reserve esta actividad para comparecientes que, por sus condiciones y responsabilidades, sí estén en capacidad y tengan el deber de ejecutarla", se lee en el texto.
Estos serán los temas que se abordarán en las audiencias a las que fueron citados los excomandantes de las Farc y las instituciones que serán encargadas de apoyar la implementación de las sanciones. Es importante recordar que el tiempo por el cual se cumplirá la sentencia es de máximo 8 años y la idea es que todos los del secretariado puedan participar de alguna u otra manera en todas las líneas restaurativas.
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