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Tras el hundimiento de la reforma tributaria o ley de financiamiento, gremios del sector energético y gas le enviaron una carta al ministro de Minas, y Energía, Andrés Camacho, y al nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, para dialogar sobre las consecuencias de la no aprobación de esta ley, ya que aseguran que estaría en riesgo la prestación del servicio sobre todo para estratos 1, 2 y 3. Andesco, Acolgen, Andec, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, exponen dos puntos importantes para la reunión citada.
El primero tiene que ver con el pago prometido de la deuda de la opción tarifaria; aseguran que es necesario aclarar las promesas de Gobierno, puesto que mediante el artículo 14 de la ley de financiamiento presentada, la nación planteó la posibilidad de reconocer como deuda pública los saldos de los s de estratos 1,2 y 3 del servicio de energía con las empresas comercializadoras.
“Sin embargo, es crucial aclarar que la promesa del presidente de la República de asumir esta deuda fue realizada en mayo de 2024, mucho antes de la presentación del proyecto legislativo el 10 de septiembre del mismo año. Este compromiso, que aparentemente demandaba acciones inmediatas, no estaba condicionado a la aprobación de la ley de financiamiento, cuyo objetivo principal era la de generar nuevos recursos, más no la de realizar gasto público adicional", afirman los gremios.
Por su parte, sobre este punto crítico, asegura que al condicionar la aprobación del proyecto, el Gobierno ha puesto en riesgo el cumplimiento de la “promesa vital” para los s, ya que actualmente la deuda eléctrica asciende a 3,4 billones de pesos, suma que estaría dividida en las facturas de los s por no tener un mecanismo claro de pago.
El segundo punto crítico es el impago de los subsidios de energía y gas. Esta deuda estadía pasando por los 2,4 billones de pesos para la energía electrica y 628.000 millones para el gas natural, que seguiría aumentando con el paso de los meses.
“La concreción de los anuncios realizados, los cuales rechazamos de manera unánime, incrementará el costo de la deuda y las dificultades operativas para las empresas comercializadoras, afectando directamente la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible”, concluyen los remitentes.
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Entre tanto, le piden al Gobierno; efectuar de manera urgente los giros, no disminuir los recursos del PGN del 2024, expandir los certificados de deuda de subsidios, titularizar la deuda actual y permitir la realización de un cruce de impuestos a las empresas que tienen valores adeudados.
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