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Recientemente el Gobierno nacionaltomó la decisión de paralizar uno de los proyectos más importantes de yacimiento de gas en el país. El proyecto Uchuva 2, liderado por Ecopetrol, se encuentra en un momento crítico debido a impugnaciones legales.
Luz Estella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural, quien nos proporciona información sobre los efectos de esta decisión en los productores de gas. De acuerdo con Murgas, este proyecto es crucial para recuperar la autosuficiencia de gas en el país y atender la demanda de los hogares colombianos.
Sin embargo, el fallo de tutela emitido por un juez de Santa Marta ha generado una colisión entre el derecho a la consulta previa reclamado por la comunidad y el derecho a una vida digna, a la alimentación y a la salud de millones de colombianos.
Murgas señala que este fallo desconoce la decisión de la Corte Constitucional de 2018 que cambió el concepto de presencia por procedencia, vinculándolo al impacto del proyecto. Es importante destacar que Petro, el operador del proyecto, ha cumplido con todos los requisitos y ha obtenido certificaciones del Ministerio del Interior en tres ocasiones, demostrando que no existe presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto.
En cuanto a los plazos del proyecto, se esperaba que la industria del gas en Colombia contara con esta reserva para el año 2029. Sin embargo, debido a la falta actual de gas y la importancia estratégica de este proyecto, se solicitó que se acelerara su ejecución y se recortaran los tiempos de consulta previa y licenciamiento ambiental. La Dra. Marc Murgas destaca que el potencial de reserva solo del pozo Ochoa dos es 2.5 veces la reserva de gas probada actualmente.
Sin embargo, si el fallo del juez de Santa Marta no es revertido, el retraso en la construcción del gasoducto sería indefinido. Además, se requeriría realizar un nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural, lo que implicaría un mayor retraso.
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Esto pone en riesgo la autosuficiencia de gas en el país y aumenta la dependencia de las importaciones, lo que a su vez incrementaría el costo del gas para los colombianos. Murgas enfatiza que este proyecto es fundamental para garantizar la seguridad energética, reducir la pobreza y acelerar la transición energética en el país.
Además, destaca que el gas es necesario para lograr la autosuficiencia y garantizar la atención de los servicios públicos esenciales, como la salud y la alimentación. Ante esta situación, se espera la decisión del tribunal de Santa Marta respecto a la impugnación presentada.
En caso de que la impugnación sea rechazada, se enfrentaría un retraso indefinido en la construcción del gasoducto y se pondrían en riesgo otros proyectos costa afuera. En última instancia, esto implicaría un aumento en la importación de gas y una mayor dependencia energética para Colombia.
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Escuche aquí la entrevista:
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