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Palma La Miranda está compuesta por seis predios en Candelilla, Tumaco, departamento de Nariño. Son más de 1.000 hectáreas y desde 1970 pertenecen a una familia, y en el 2024 pasó a un proceso de liquidación.
Los dueños del terreno señalan que el predio está en medio de una zona de conflicto, donde hay grupos armados y los trabajadores de la palma africana han sido amenazados, según denuncia Julio Erazo, el exrepresentante legal.
Según Erazo, debido a que hay amenazas contra los trabajadores se perdió la operatividad, lo que habría llevado a una ocupación del lote.
“A medida que uno no puede y no tiene gente para mandar, porque se encuentra amenazada, pues básicamente se va perdiendo la operatividad y ellos aprovechan para coger el lote, lo limpian y lo empiezan a cosechar”, dice Erazo.
Desde el año 1980, esta familia empieza a sembrar la palma, pero una pandemia acabó con el cultivo. Hubo dos años en los que no había siembra, pero posteriormente se volvió a cosechar en 2008, 2009 y 2010, con una inversión de más de 20.000 millones, según cuenta Erazo.
Julio también dice que, a pesar de que hay una orden judicial de desalojo desde el Gobierno, les habrían dicho que se necesita realizar un pago de 350 millones y posteriormente se hizo la liquidación.
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“Lo que está pasando es una negligencia del Estado en proporcionar las condiciones básicas de seguridad en la cual podamos desarrollar la empresa y al mismo tiempo el Estado nos liquida y nos exige pagar una cifra que es básicamente la garantía del crédito, que está en manos del mismo Estado poderlo postergar y la negativa hace que la compañía no tenga capacidad operativa”, dice Erazo.
Actualmente, los precios de la palma están altos y eso hace, según Erazo, que la gente que ocupó el lote no quiera devolverlo.
“Nosotros detectamos, aproximadamente en 2019, qué grupos de mal llamados campesinos, porque es gente liderada por gente que no es de la región, empiezan a amenazar y nosotros hicimos una reunión para tratar de conciliar con estas personas y que abandonaran el predio de manera pacífica y lo que obtuvimos fue una respuesta violenta. Nos dijeron, a nuestros agrónomos, que no defendieran lo que no es de ellos. Nos han robado tractores, fertilizantes, guadañas que estaban en las bodegas y en la casa; han robado todo tipo de activos”, agregó Erazo.
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Además, señala que la gente no puede ser contratada por temor debido al tema de seguridad y por eso se decidió interponer una querella la cual hace dos años tiene una orden de desalojo, pero aún no se ha podido recuperar el terreno.
“La solución ya la hemos planteado en muchas ocasiones y hemos hablado con los consejos comunitarios, que saben y respetan que estos activos son nuestros, hemos tratado con ellos de hacer figuras con las cuales ellos se queden con los bienes tratando de ofrecerle al Estado y que sean ellos a través de los múltiples programas que tiene el Estado ellos los compren, personas y consejos comunitarios de bien, esta es una solución al conflicto y al tema social en Tumaco”, dijo Erazo.
En esos predios actualmente hay 700 familias.
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