El director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, se refirió a las declaraciones que dio este martes acerca de la posibilidad de que el Gobierno lleve a cabo expropiaciones para reubicar a familias damnificadas por lluvias.
“Tomamos medidas que tienen que ver con la relocalización de estas personas. Lo que se ha venido manejando es el traslado a salones comunales o colegios, lo que genera un nuevo reto que es inhabilitar instalaciones educativas. Hemos estado acudiendo a una acción, en algunos casos, de facilitar el pago de los arriendos, para que las familias sean recibidas en otro lugar y nosotros sufragar los pagos, pero en muchas situaciones no ha sido suficiente y la situación de las familias es mucho más complicada", declaró el funcionario.
De acuerdo con Pava, legalmente el Gobierno tiene en cuenta la posibilidad de negociar predios o incluso llegar a expropiarlos, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas por las lluvias.
"La misma ley 1523 de 2012 establece tres artículos. El 73, 74 y 75, para que en momentos en que se requieran realizar alojamientos temporales o reubicaciones definitivas, se acuda al tema de la adquisición de predios, negociación directa o, incluso, de requerirse, entre un proceso de expropiación. Tenemos 270.000 familias que han sido afectadas por la tragedia. De estas, tenemos más de 17.000 que requieren en muchos casos la evacuación temporal o definitiva", indicó el funcionario.
El director de la UNGRD habló del caso de Piojó, Atlántico, el cual puso como ejemplo para referirse a la gestión del Gobierno para atender la ola invernal y sostuvo que en caso de que se llegaran a cursarse procesos de expropiación por vía istrativa los predios podrían acondicionarse para servir inicialmente para construir albergues y posteriormente construir viviendas para los damnificados.
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