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Tras un año de exploraciones y más de 7 meses de negociación entre el grupo Comuneros del Sur, exintegrantes del ELN y el Gobierno nacional, las delegaciones lograron pactar un cese bilateral al fuego de 180 días que permitirá la concentración de la totalidad de los combatientes y comandantes de esa estructura ilegal en dos zonas de ubicación temporal que podrían estar localizadas en el sur occidente de Nariño.
Este cese comenzará en los primeros días del mes de enero, aseguró el jefe de la delegación del gobierno Carlos Erazo, quien aseguró que serán las Fuerzas Militares las que garanticen la seguridad antes, durante y después del cese al fuego en los diez municipios de cobertura del acuerdo.
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Aseguró Erazo que la propuesta del grupo ilegal Comuneros del Sur se concentrará a la totalidad de hombres en armas de las cinco compañías que conforman ese grupo. Lo tomo por sorpresa, pero dijo que el Gobierno nacional ve con bueno ojos la determinación de los comandantes de apresurar esta negociación la cual podría terminar en el 2025.
Roger Garzón, jefe de la delegación del grupo ilegal, dijo a Blu radio que está seguro de que, en el año que viene, las negociaciones llegarán a un punto positivo porque hay disposición de las partes y advirtió que seguirán buscando los mecanismos jurídicos que les permita que el Estado, a través de la negociación política, les conceda una amnistía y les garantice su participación como movimiento social y político.
Manifestó que las armas serán entregadas al Estado colombiano y que, de común acuerdo, serán destruidas y advirtió que la concentración de sus hombres en zonas de ubicación comenzara desde enero y se hará en dos fases antes que termine el primer trimestre del 2025.
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Resaltó la voluntad del presidente Gustavo Petro en permitir que este grupo ilegal retorne a la vida civil después de más de 33 años de lucha armada, pero insistió que la comunidad debe participar ampliamente en este proceso.
Tras ser consultado sobre la solicitud en extradición de Gabriel Yepes, alias HH, por parte de una corte de los Estados Unidos, el jefe de la delegación rebelde fue categórico y dijo que ellos están negociando con el estado Colombia y que, por eso, le corresponde al Gobierno nacional buscar las alternativas jurídicas para impedir que eso se materialice.
Para Garzón, con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y Comuneros del Sur en Nariño, las comunidades entran en una fase de transición que va a mejorar las condiciones de vida, porque se ejecutaran obras de infraestructura y se pondrán en marcha proyectos productivos en los municipios de los Andes Sotomayor, Barbacoas, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Samaniego y Santa Cruz de Guachaves, donde este grupo ilegal tiene una presencia desde hace más de 33 años, dijo el jefe rebelde.
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"Hoy, sin duda, uno de los principales desafíos está en lograr recuperar la credibilidad y confianza de la comunidad la cual, a través de los años, se ha perdido por el incumplimiento del estado colombiano a los acuerdos logrados con grupos armados rebeldes”.
"Con la firma del acuerdo de la mesa de co-construcción de paz territorial, estamos seguros de que inicia en Nariño un proceso de desescalamiento de las violencias y se da paso a la transformación territorial y nos permite la transición de los integrantes de Comuneros del Sur hacia un movimiento social para continuar, pacíficamente, luchando por el bienestar de las comunidades", aseguró Garzón.
Finalmente, indicó que el Gobierno nacional debe investigar las supuestas alianzas entre algunos integrantes de la Fuerza Pública y grupos ilegales en los municipios de la cordillera y suroccidente de Nariño que podrían poner en riesgo la vida de los civiles al llegar a presentarse confrontaciones armadas mientras dure el proceso de negociación.
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Este es el comunicado de los acuerdos pactados al cierre de la quinta sesión de diálogos de paz en Nariño.
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