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Según la Fiscalía General de la Nación, los implicados operaban en Cali, Tuluá, Sevilla y Palmira, donde crearon empresas ficticias para reportar trabajadores independientes inexistentes y así acceder ilegalmente a subsidiosy beneficios económicos destinados a mitigar la emergencia por la pandemia de COVID-19.
La organización simulaba actividades económicasen sectores como vigilancia, aseo, construcción y cooperativas. Para ello, obtenían documentos falsos firmados por supuestos empleados independientes, quienes a veces participaban voluntariamente con la promesa de pagar aportes reducidos al Sistema de Seguridad Social.
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Una vez recopilada esta documentación falsa, la red presentaba contratos y nóminas simuladas ante las autoridades, logrando reclamar subsidios de entre 90.000 y 454.000 pesos por cada trabajador ficticio. Esta estrategia permitió a los implicados apropiarse de más de 5.000 millones de pesos entre 2020 y 2021.
“Los elementos materiales probatorios muestran un esquema organizado para defraudar al Estado mediante la simulación de vínculos laborales y el uso indebido de recursos públicos”, señaló la Fiscalía.
Las investigaciones llevaron a la judicialización de 11 presuntos integrantes de la red, quienes fueron imputados por fraude a subvenciones, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Pese a que no aceptaron los cargos, el juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para todos ellos.
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La Fiscalía aseguró mediante un comunicado que seguirá trabajando para identificar a otros posibles implicados en este esquema de fraude masivo.
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