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Sudáfrica acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya de incumplir la Convención para la Prevención de Genocidios, afirmando que ni siquiera la masacre de Hamás del 7 de octubre justifica el alcance de la respuesta israelí en la Franja de Gaza.
El Gobierno colombiano anunció a través de un comunicado que acompañará y respaldará la demanda pues es “un valiente paso en la dirección correcta”.
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Para hablar sobre las consecuencias que puede tener la acusación de Sudáfrica a Israel se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga; Raúl Eduardo Sánchez, profesor de Derecho de la Universidad del Rosario, experto en Derecho Penal Internacional y en sistemas internacionales de justicia penal.
“Sudáfrica lo que ha hecho es presentar, en primer lugar, una demanda en la cual ha solicitado unas medidas cautelares que significa que no se va a esperar una decisión o una sentencia fina, sino que lo que se dices es: ‘Desde ya tome una serie de medidas que eviten, justamente lo que está pasando’. Entonces, básicamente, el Estado de Sudáfrica puede solicitar dentro de esas medidas cautelares varias cosas, primero, que cesen los actos de guerra; según puede pedir que se permita el paso de medicinas con la finalidad de que se tenga una ayuda humanitaria”, señaló.
Según el, experto, por lo que se ha evidenciado en los diferentes reportes de prensa nacional e internacional, los funcionarios del Estado de Israel han cometido tres delitos en contra del pueblo paletino; “en primer lugar el genocidio; en segundo lugar, crímenes de lesa humanidad y tercer lugar, crímenes de guerra”.
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“El Estado de Israel presentará sus argumentos jurídicos, en primer lugar puede atacar la legitimidad del demandante, Sudáfrica, pero insisto, ya hay ejemplos jurisprudenciales al interior de la corte de justicia que da legitimidad a terceros estados para que presenten sus demandas (...) Sin embargo, serán los jueces los encargados de tomar una decisión como terceros imparciales y objetivos”, expresó.
Por otro lado, Sánchez indicó que el Derecho Internacional Humanitario establece quienes son los objetivos militares legítimos, que en este caso de la guerra son los funcionarios, los combatientes y los insurgentes, es decir todos los que tomen parte activa y de forma directa las hostilidades. Al mismo tiempo, señala que la población civil no puede ser un objetivo.
Como las guerras tienen unas reglas, unos límites, pues indiscutiblemente estos deben seguirse, las personas, los funcionarios, los combatientes que no sigan estas reglas, están cometiend
Por su parte, el Estado de Colombia indicó a través de un comunicado que apoyará la demanda.
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“Básicamente lo que se puede hacer es algún tipo de acumulación de demandas o puede presentar sus propias demandas o puede prestar apoyo jurídico, internacional en este caso”, agregó.
Vea la entrevista completa:
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