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En la antesala del Día del Trabajador, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó un incremento en el monto total que perciben los trabajadores del sector público, sin modificar el salario mínimo que permanece estancado desde hace más de dos años. La medida ha generado polémica entre gremios y expertos laborales, que ven con preocupación la dependencia creciente del ingreso a través de bonos.
Durante una alocución televisada el 30 de abril, el mandatario explicó que el denominado “ingreso mínimo integral” —una suma compuesta por pagos no salariales— subió un 23 %, pasando de 130 a 160 dólares mensuales, en su equivalente en bolívares a la tasa oficial. Este monto incluye dos bonificaciones: el bono de alimentación, que sigue en 40 dólares, y el llamado “bono de guerra económica”, que se incrementó de 90 a 120 dólares.
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Maduro justificó la decisión como una forma de “proteger a los trabajadores” frente a lo que calificó como nuevos embates económicos derivados de sanciones internacionales, especialmente las dirigidas al sector petrolero, principal fuente de ingresos del país. Sin embargo, el salario mínimo se mantiene congelado en 130 bolívares, es decir, apenas 1,48 dólares al cambio oficial, lo que lo convierte en uno de los más bajos del mundo.
El jefe de Estado también anunció que las pensiones pasarán a 50 dólares mensuales, igualmente pagados en bolívares. Este ajuste representa un aumento significativo frente al monto anterior, que coincidía con el salario mínimo. Además, dio a conocer la creación de un nuevo bono llamado “protección de la familia trabajadora”, dirigido a unos cinco millones de hogares, aunque no precisó su monto exacto.
Pese a los anuncios, sectores sindicales han expresado su inconformidad. La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y otras organizaciones han criticado reiteradamente el modelo de remuneración vigente, basado en asignaciones sin incidencia en prestaciones sociales, utilidades ni cotizaciones para la seguridad social. Estas bonificaciones, aunque representan un alivio inmediato, no generan estabilidad a largo plazo para los trabajadores ni están protegidas por la legislación laboral.
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Desde marzo de 2022, el salario mínimo venezolano no ha sido modificado, y el poder adquisitivo de los ciudadanos ha seguido erosionándose debido a la inflación y la devaluación del bolívar frente al dólar, moneda de referencia para la mayoría de bienes y servicios en el país.
Mientras tanto, millones de empleados públicos y pensionados venezolanos continúan dependiendo de bonos que pueden cambiar de valor o desaparecer sin previo aviso, en medio de una economía que no muestra señales claras de recuperación.
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