La defensa del abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, aseguró este miércoles que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) se negó a recibir un documento con explicaciones de la inasistencia del antichavista a las tres citaciones emitidas como parte de una investigación en su contra bajo el argumento de "problemas" en su sistema.
"Me han dicho que (...) tenían problemas en el sistema", dijo el abogado del opositor, José Vicente Haro, quien antes de entrar en la sede fiscal, en Caracas, señaló que el documento contiene "todas las razones" constitucionales y jurídicas por las que González Urrutia no compareció, como el "grado de indefensión en el que se encuentra" debido a la precalificación de delitos, entre otros motivos.
El jurista cuestionó el argumento dado por el MP debido a que, en la "hora y 45 minutos" que esperó por la recepción del escrito, vio que "otras comunicaciones se recibieron de otras personas" durante ese lapso.
"Yo esperé mientras otros ciudadanos eran atendidos. A mí se me dejó a un lado", sostuvo Haro, quien dijo que la institución le indicó que regresara a las 15:30 hora local (19:30 GMT) para entregarle el acuse de recibo.
En este sentido, aseguró que asistirá aun cuando considera que no hay garantías de que le entreguen la constancia, lo que refleja, a su juicio, la "situación de indefensión" que hay en el caso.
"Este es el tipo de situaciones por las cuales el señor Edmundo González Urrutia no compareció (...) porque hay una situación de indefensión, de imposibilidad de garantizar su derecho a la defensa, al debido proceso", agregó.
El MP señala al líder opositor -sobre quien pesa una orden de captura- de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)", según las citaciones publicadas por el ente fiscal en redes sociales.
Haro denuncia la violación del derecho a "la presunción de inocencia" del líder antichavista, a quien "se le han precalificado delitos" con base en una investigación que "se anunció hace poco", y de "las garantías constitucionales del debido proceso", al no indicar "el carácter con el cual" fue citado.
La investigación contra González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web, en la que el antichavismo asegura haber cargado "el 83,5 % de las actas electorales" recabadas por testigos y de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial da la victoria al mandatario Nicolás Maduro.
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