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La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este lunes el levantamiento inminente de una norma sanitaria invocada para expulsar a los migrantes en la frontera con México.
El presidente de la corte, John Roberts, firmó una orden que suspende el levantamiento, previsto para este miércoles, y por lo tanto mantiene el llamado Título 42, que permitió a las autoridades utilizar los protocolos anticovid-19 para impedir la entrada de millones de migrantes.
Roberts bloqueó temporalmente esta medida heredada de la istración del presidente republicano Donald Trump, que ha seguido aplicando el de Biden.
Lo hizo en respuesta a una petición de último momento de 20 estados que argumentaban que poner fin al Título 42 provocaría una avalancha de migrantes que desbordaría sus servicios.
Citan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que predice que los cruces fronterizos de migrantes, la mayoría de los cuales piden asilo, podrían triplicarse a 18.000 por día.
Este incremento "aumentará los costos de aplicación de la ley, educación y atención médica de los estados", argumentaron los querellantes.
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El DHS reaccionó al fallo judicial afirmando que "el Título 42 permanecerá vigente en este momento y las personas que intenten entrar ilegalmente a Estados Unidos continuarán siendo expulsadas a México".
El pasado viernes, un tribunal de apelaciones de Washington dictaminó que no se justifica mantener el Título 42, que se aplicó en marzo de 2020 en un intento por frenar la pandemia de coronavirus.
En su petición, los estados piden que la Corte Suprema se haga cargo del caso.
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Roberts dio a las partes 24 horas para responder, de modo que el Gobierno de Biden deberá pronunciarse.
Esto todavía deja abierta la posibilidad de que el Título 42 se suspenda esta semana. También es posible que el tribunal decida mantenerlo mientras revisa el caso.
El Gobierno de Joe Biden aceptó una sentencia de noviembre de un tribunal inferior que le ordenó suspender el Título 42 y que, a petición suya, le dio de plazo hasta el 21 de diciembre para levantarlo.
Según activistas y expertos en derechos humanos, el "Título 42" viola el derecho internacional.
Consideran "inhumano" impedir a alguien solicitar asilo y aseguran que alienta a los migrantes a jugarse la vida. Se registraron un total de 557 muertes en la frontera con México en 2021, el año más mortífero desde que comenzaron las estadísticas en 1998.
Preparativos
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La semana pasada, la Casa Blanca dijo que el Departamento de Seguridad Nacional estaba preparado para afrontar el aumento previsto de migrantes.
El DHS, que considera haber "heredado un sistema migratorio roto y desmantelado", ha actualizado una serie de medidas anunciadas en abril.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza solicitó en el presupuesto del año fiscal 2023 la contratación de 300 agentes que se sumarán a los 23.000 desplegados en la frontera con México.
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El Gobierno de Biden ha contratado además a casi 1.000 coordinadores de procesamiento de la patrulla fronteriza y añadió 2.500 contratistas y personal de otras agencias para ayudar a los agentes sobre el terreno.
También afirma haber aumentado las torres de vigilancia, aprobado el cierre de más de 120 "brechas" a lo largo de la frontera y duplicado los medios para transportar a los migrantes, además de crear 10 instalaciones para aumentar la capacidad "de retención".
"Esto incluye cientos de vuelos y rutas de autobús por semana para transportar" a los migrantes interceptados "a sectores menos concurridos" para su procesamiento, expulsión o repatriación a su país de origen o a terceros países, señala la actualización.
Mientras sigue el litigio "continuaremos con nuestros preparativos para gestionar la frontera de una manera segura, ordenada y humana cuando se levante la orden de salud pública del Título 42", afirma este lunes el DHS en un comunicado.
E insta al Congreso a aprovechar "este tiempo para proporcionar los fondos" para la seguridad y gestión fronteriza y para "avanzar en las medidas migratorias" propuestas por el presidente.
Y es que Biden propuso, entre otras medidas, una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados en un país que lleva 35 años sin una ley de este tipo, pero nunca se votó.
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Esta y otras propuestas han tropezado siempre con la oposición del Senado, donde tenía, y tendrá a partir de enero, una mayoría ajustada.
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