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La Superintendencia de Transporte exigió a las autoridades locales de tránsito en Colombia aplicar estrictamente la normativa que regula la prestación del servicio público de transporte, entre esos a los carros de servicio particular que lo hagan sin autorización.
La circular de la SuperTransporte establece que los vehículos particulares que sean detectados prestando este servicio sin la debida autorización sean inmovilizados, medida que exige la entidad y en la que se respalda por las disposiciones contempladas en la ley 336 de 1996 y en la ley 769 de 2002, que exigen la autorización correspondiente para operar en el sector del transporte público.
Cuándo se puede inmovilizar un vehículo
La nueva circular insiste en que se cumpla con la inmovilización de los vehículos particulares que ofrezcan el servicio de transporte sin autorización, acción que ya está estipulada en el literal e) del numeral 49 de la Ley 336 de 1996. Según esta norma, la prestación del servicio de transporte sin la habilitación correspondiente constituye una infracción que amerita la sanción.
Las autoridades locales deberán implementar acciones inmediatas para garantizar que esta normativa se cumpla. La superintendencia dio un plazo de tres días (después de recibido el pronunciamiento, que tiene fecha del 6 de septiembre) para que las autoridades de tránsito impartan instrucciones a sus operativos de control y, además, se estableció la obligatoriedad de reportar las acciones ejecutadas dentro de los cinco días siguientes a la expedición de la circular.
La Superintendencia de Transporte argumentó en su pronunciamiento que, a pesar de los pronunciamientos anteriores y las instrucciones, "se identifican resistencias en su aplicación por parte de algunas autoridades que apelan a interpretaciones propias de la norma".
Multa por trabajar en apps de transporte
La infracción es la D12 y consiste en conducir un vehículo para un servicio diferente al autorizado por la licencia de tránsito, que conlleva una multa de $1.300.000 en 2024. Además, las sanciones incluyen la inmovilización del vehículo, que puede extenderse desde cinco hasta cuarenta días, y la suspensión de la licencia de conducción por seis meses, con posibilidad de llegar hasta 25 años en caso de reincidencia.
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¿Es posible que las secretarías de Movilidad inmovilicen carros?
En conversación con Blu 4.0, el concejal Juan Daniel Oviedo y el presidente de Alianza In, José Daniel López, debatieron en torno a la autonomía territorial y el derecho al debido proceso de los conductores de las plataformas. Comentaron que las secretarías de Transporte son entidades independientes al pertenecer a los distritos, por lo que no estarían obligadas en incrementar los operativos contra estas aplicaciones.
Por su parte, José Daniel López enfatizó que esta circular va en contra de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoce el derecho humano a disfrutar de los avances científicos y tecnológicos en las plataformas de movilidad. Afirmó que Colombia está rezagada en comparación con otros países de América Latina en la regulación de estos servicios y que es necesario pasar de la persecución a la regulación.
"Lo que hace esta circular es hacer que los conductores de aplicación no puedan disfrutar de ese avance de la ciencia y de la tecnología, sino que, por el contrario, las alcaldías, las secretarias de movilidad, arriados por una amenaza de multa por parte de la Superintendencia de Transporte, tengan que salir a perseguirlos, a impedirles trabajar a unos y a los otros", añadió López.
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Qué dicen las aplicaciones
Después de que se conocieran las exigencias de la SuperTransporte, José Daniel López, presidente de Alianza IN, gremio de aplicaciones e innovación en América Latina, habló con Mañanas Blu sobre la regulación de las plataformas de transporte en Colombia y su impacto en la economía popular.
López afirmó que perseguir a los conductores de aplicaciones de transporte no ayuda a construir justicia social ni economía popular, y mencionó que estas medidas están pasadas de época, ya que la mayoría de países en Latinoamérica y el mundo han regulado estas plataformas en lugar de prohibirlas.
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